En el Congreso, el ministro de Hacienda ha desvelado que sólo uno de los 21 imputados en Gürtel se acogió a la amnistía fiscal y que siete recurrieron a regularizaciones ordinarias. Respondía a una pregunta del PSOE, que le ha pedido que dimita.
El Partido Popular ha pagado durante más de dos años una indemnización por despido al ex tesorero Luis Barcenas. Saliendo al paso a la información que publica el diario El País, el PP ha explicado que cuando Bárcenas dejó de ser senador, el partido no le readmitió, y pactó con él un finiquito que le han pagado prorrateado desde abril de 2010 hasta finales de 2012. Asegura además que en este tiempo Bárcenas no ha realizado ningún trabajo para el PP y que el partido ha actuado con transparencia. Carlos Floriano ha señalado que "muchas empresas se paga prorrateado, y el acuerdo incluía también el pago de la seguridad social.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha revelado en el Congreso que uno de los 21 imputados en a trama Gürtel se acogió al proceso extraordinario de regularización fiscal, por una cuantía de menos de 3.500 euros, y otros siete presentaron declaración complementaria, la mayoría antes de que se pusiera en marcha la llamada amnistía fiscal. Montoro ofreció estos datos ante el Pleno del Congreso ante la petición de la Auiencia Nacional para saber, de entre una lista de 21 personas físicas y jurídicas implicadas en la red Gürtel, quienes se habían acogido a la amnistía fiscal. La respuesta de Hacienda ya está en los tribunales y, por ello, el ministro ha adelantado algunos datos: De las 21, "sólo una" se acogió al procedimiento extraordinario y, aunque a dicho no poder dar el nombre, ha detallado que fue a través de una declaración por menos de 3.500 euros, con una cuota liquidada de 350 euros. Además, otros siete presentaron regularizaciones ordinarias mediante 37 declaraciones complementarias fuera de plazo, pero todas antes del inicio de la amnistía fiscal salvo dos
La fiscalía de Madrid ha abierto diligencias por los presuntos pagos en dinero negro que el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, hace a los trabajadores de sus empresas, integradas en el grupo Cantoblanco. La fiscalía quiere saber si es cierto que los empleados han recibido sobres con efectivo al margen de sus nóminas y si con estos pagos se habría cometido algún delito. Esta fórmula ha sido denunciada por varios de los más de dos mil trabajadores del grupo y negada por el propio empresario.
El presidente del Tribunal de Cuentas se ha comprometido a fiscalizar este año las cuentas de los partidos políticos entre 2008 y 2011. Álvarez de Miranda, que ha admitido el retraso que lleva el tribunal, ha asegurado que este año pondrán todos los medios necesarios para presentar no uno, sino cuatro informes y ponerse de esta manera al día. En su comparecencia en el Congreso para hablar de la ley de transparencia, ha dicho que debería aumentar también la trasparEl presidente del Tribunal de Cuentas se ha comprometido a fiscalizar este año las cuentas de los partidos políticos entre 2008 y 2011encia de los partidos políticos, y ha pedido a los diputados que permitan al Tribunal de Cuentas acceder a más datos para poder comprobar los que presentan los partidos.
El vicepresidente de la CEOE y presidente del Grupo Arturo Cantoblanco, Arturo Fernández, ha dicho que el pagar en negro a los empleados "no es una práctica en esta empresa".
Por otra parte, la secretaria general de la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de CC.OO. de Madrid, Paloma Vega, ha manifestado que "es necesario articular mecanismos que corrijan este tipo de prácticas".
El Palacete de Pedralbes en Barcelona es la propiedad más valiosa de Iñaki Urdangarin. Es suyo y de la infanta Cristina. Lo compraron en el 2004 por casi seis millones de euros y se gastaron otros dos millones en reformarlo. Es su residencia habitual desde que los Duques volvieron de Whasington y en caso de embargo podrían seguir viviendo aquí. También en el 2004 Urdangarin y la Infanta Cristina compraron dos apartamentos con garaje y trastero de este bloque de viviendas en la ciudad de Palma de Mallorca. El embargo de las propiedades se producirá cuando lo ordene el juez. A Urdangarin y a Torres les imputa, entre otros, los delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, y tráfico de influencias.
Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres no han pagado la fianza de ocho millones de euros que le impuso el juez. El plazo terminó la pasada medianoche y a partir de ahora empieza un proceso que puede acabar en el embargo de sus bienes. Uno de esos bienes es el palacete de Pedralbes.
