Bankia, BBVA y Caixabank aportarán casi la mitad de las alrededor de 6.000 viviendas que formarán el fondo, todas propiedad de entidades financieras. Podrán acceder a ellas las personas desalojadas de su hogar desde el 1 de enero de 2008 por no pagar la hipoteca.
Los beneficiarios tendrán que encontrarse en situación de especial vulnerabilidad. Es decir, cumplir las condiciones fijadas por el Gobierno como no superar una renta de poco más de 19.000 euros al año y no ser propietario de ninguna otra vivienda. Y además, ser familia numerosa, monoparental con dos o más hijos o por ejemplo, estar en el paro y haber agotado la prestación.
Los interesados deberán solicitar la vivienda al banco que los desahució. El precio del alquiler oscilará entre los 150 y 400 euros al mes con un límite máximo a pagar del 30% de la renta familiar. El contrato durará dos años con opción a un tercero si la situación del arrendatario no ha cambiado.
Las primeras viviendas se asignarán el 31 de marzo y tendrán prioridad aquellas familias en situación de mayor necesidad o riesgo social.