El presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha defendido el decreto de vivienda del que ha asegurado que es "plenamente constitucional" porque así lo avalan los estudios de los servicios jurídicos y ha anunciado más medidas contra la exclusión social.
Sobre la medida de la Junta de Andalucía para expropiar viviendas afectadas por ejecuciones hipotecarias de bancos, se ha debatido este miércoles en el Congreso. La oposición pide al Gobierno que tome nota y el Ejecutivo dice que la respuesta a los desahucios tiene que ser de ámbito nacional.
El Gobierno quiere establecer un perímetro para las protestas por los desahucios en los domicilios de los políticos. Según el ministro del Interior no está marcada una distancia concreta. El asunto también ha estado en el Congreso y ha habido opiniones enfrentadas.
Andalucía ha aprobado un decreto-ley sobre la función social de la vivienda, que incluye expropiaciones temporales a la banca para frenar los desahucios y sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que no alquilen las viviendas vacías.
La expropiación temporal será de aplicación durante un periodo máximo de tres años en procedimientos de desalojo instados por los bancos y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. A cambio, las entidades afectadas por la expropiación recibirán el 2% del justiprecio, previsto en la Ley de Expropiaciones.
La PAH ha convocado escraches por toda España contra, al menos, 15 diputados del PP, según fuentes del propio partido. Han protestado contra las enmiendas del PP a la ILP sobre los desahucios.
El Gobierno andaluz podrá expropiar temporalmente a la banca, por un plazo de tres años, las viviendas que vayan a ser desalojadas de inmediato. Lo hará, entre otras cosas, si hay riesgo de exclusión social para el afectado o un endeudamiento sobrevenido. La Junta ha aprobado con carácter de urgencia, un decreto que incluye también sanciones de hasta 9.000 euros a los bancos e inmobiliarias que no alquilen sus viviendas vacías. Para los particulares, prevé incentivos. La Junta calcula que en Andalucía se producen a diario 45 desahucios y que hay entre 700.000 y un millón de casas desocupadas. Aunque no hay registro oficial, se creará a partir de ahora.
La Fiscalía General del Estado va a estudiar el fenómeno de los escraches, las protestas en los domicilios de los parlamentarios, por si tuvieran relevancia penal. En un escrito enviado a todos los fiscales ha pedido que les informe sobre estas protestas.
En el Congreso se sigue hablando de desahucios. Se ha celebrado la segunda reunión entre los grupos parlamentarios para discutir el texto que funde el decreto del Gobierno y la iniciativa legislativa popular. Todos los grupos de la oposición han mostrado su rechazo. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los sindicatos mayoritarios, UGT y CC.OO. también lo han criticado.
La Comisión de Economía del Congreso celebra una ponencia encargada de informar sobre el proyecto de ley de medidas urgentes para reformar la protección a los deudores hipotecarios, y la proposición de ley de regulación de la dación en pago.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha explicado en el Senado que 2012 se cerró con más de 198.000 ejecuciones hipotecarias pendientes, la mayoría de locales comerciales. Moliner ha explicado que no hay cifras exactas sobre cúales son ejecuciones de primeras viviendas, pero que desde el CGPJ estiman que son un 10% (08/04/2013)
El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha dicho que ve una "exageración" comparar los escraches con actos de kale borroka pero sí ha reconocido que le "recuerdan a cosas que he estado viendo en Euskadi durante muchos años". Así lo ha dicho en una entrevista en Los Desayunos de TVE en la que afirmado que "ETA sigue ahí aunque no está operativa".
