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La Dirección General de Tráfico (DGT) duplica esta semana los controles de velocidad, en una campaña que concluye el domingo y que se llevará a cabo sobre todo en las carreteras secundarias, que son las que presentan más riesgo y donde se registran ocho de cada diez fallecidos en accidente. La velocidad determina la mayor o menor incidencia en la siniestralidad vial, la gravedad y el grado de lesión de las víctimas en caso de accidente, resalta la DGT, que recuerda que en el 20% de los accidentes mortales la velocidad es un factor concurrente.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha querido zanjar en el Congreso la polémica sobre la supuesta adjudicación de una vivienda de la Guardia Civil para el director de Tráfico, Gregorio Serrano, al negar tajantemente que se haya cometido "una ilegalidad", pues la cesión del piso no se ejecutó.

"No se ha producido ninguna ilegalidad y no se ha atendido a la petición de permuta que se formuló por parte de la Guardia Civil", ha asegurado Zoido en la sesión de control del Gobierno, donde tanto el PSOE como Podemos se han interesado por esta supuesta irregularidad de la que informó el domingo La Sexta y que motivó que ambos partidos modificaran sus preguntas en el pleno.

A ambas, el titular de Interior ha respondido con las mismas explicaciones que ofrecieron el lunes el propio director de Tráfico y la Dirección General de la Guardia Civil respecto a la posibilidad de permuta de unas viviendas entre ambas instituciones y a petición del instituto armado que finalmente denegó el intercambio.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha insistido en cuestionar que si esa vivienda no se adjudicó "por qué se estaba reformando" por 50.000 euros.

"Da la impresión que esta vivienda no tiene nada ver con el director y que todo sea falso", ha añadido Iglesias quien, no convencido, ha pedido a Zoido que aclare el pago de hoteles por parte de Serrano o si el autor de la filtración de la exclusiva ha sido el comisario jubilado José Villarejo, implicado en asuntos como el pequeño Nicolás y la denominada policía política, con el objetivo de perjudicar al ministro.