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Todo trabajador contratado que dé positivo en COVID-19, así como sus contactos estrechos que deban permanecer en aislamiento, tienen derecho a pedirse la baja médica, según los expertos consultados por TVE. El trabajador cobrará el 75% de su base reguladora y, en caso de ser despedido, podrá acudir a los tribunales. Además, advierten de que si un trabajador conoce que está contagiado e igualmente acude a la empresa se podría considerar una infracción grave pudiendo incurrir en sanciones de entre 3.000 y 60.000 euros.

El municipio canario de Valleseco y la localidad madrileña de Tielmes han pedido este fin de semana a sus vecinos que se confinen de manera voluntaria durante 14 días para evitar nuevos contagios de coronavirus. Esta medida se ha repetido en casi una decena de pueblos de todas la geografía española ante el aumento de brotes en pequeñas localidades. En La Barquilla, Cáceres, se ha ido un paso más allás y se ha decretado el aislamiento de la zona y vuelta a la Fase 2 de la desescalada. Coronavirus: sigue la última hora al minuto.

El aumento de los brotes de coronavirus en las residencias de ancianos ha puesto nuevamente en jaque a este colectivo, uno de los más golpeados por la pandemia tras contabilizar más de 19.600 muertes con COVID-19 o síntomas compatibles en este tipo de centros, según un recuento de RTVE.es. Los últimos fallecimientos han sido en O Incio, Lugo, donde también hay 57 contagiados, y en Vizcaya, con 31 positivos. En Candeleda, Ávila, 97 personas están en seguimiento por el brote en una residencia que deja 51 positivos y dos personas hospitalizadas. En Almería, aumentan los casos en una residencia de El Zapillo con un total 82 contagiados y tres fallecidos. Coronavirus: Última hora.

La orden de la Comunidad de Madrid que prohibía fumar en espacios públicos sin distancia de seguridad o el cierre del ocio nocturno, entre otras medidas contra el coronavirus, ha sido anulada este viernes por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid al no haber sido recogida previamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entender que limita los derechos fundamentales si no se ha declarado un estado de alarma. El Ejecutivo regional ha anunciado que recurrirá y Moncloa asegura que la ley de Salud Pública sí habilita al gobierno de Madrid a tomar esas medidas.