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La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha afirmado que las sentencias conocidas en los últimos días sobre el caso Nóos y las tarjetas opacas de Caja Madrid "ponen de manifiesto que no hay apellidos ni carogs que valga, quien la hace la paga porque tenemos un sistema que nos pone a todos por igual ante la ley". Levy, que ha declarado que espera que no se vuelvan a producir casos de este tipo, ha valorado ambas resoluciones judiciales en una entrevista en programa 'La noche en 24 horas' de RTVE. Sobre las condenas de Blesa y Rato, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ha manifestado su "respeto absoluto a las decisiones judiciales" y ha celebrado la decisión como un hito "que recoge una etapa en la que las cajas de ahorro en nuestro país respondían a una manera de hacer equivocada que se acaba y se cierra con esta sentencia".

En cuanto a la decisión de la Audiencia de Palma de dejar en libertad sin fianza a Iñaqui Urdangarin, Levy ha defendido la decisión de la juez porque "se tienen que dar unos casos determinados para que se aplique la prisión provisional y ella no los habrá visto". No obstante, ha añadido, "esto no quiere decir que la condena acabe de confirmarse" después de los previsibles recursos.

Finalmente, Andrea Levy ha valorado duramente las declaraciones del portavoz de JxSi, Jordi Turull, en el Parlament de Cataluña al comparar la última querella del Tribunal Constitucional contra la presidenta Carme Forcadell por prevaricación y desobediencia con el golpe de Estado del 23-F. "Si alguien está haciendo un atropello al estado de derecho, a la democracia, a la libertad y a la igualdad no somos precisamente aquellos que estamos garantizando que se cumpla y se respete la ley", ha sentenciado, para después lamentar que el Govern haya decidido tener como socios "a quienes les están poniendo en órdago y chantaje" en lugar de al Gobierno de España.

La juez María Núñez Bolaños ha archivado las fianzas civiles impuestas a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados en la pieza política de los ERE, entre ellos el expresidente socialista de Andalucía José Antonio Griñán, para el que se pedían 4,2 millones de euros. Entre las fianzas de los ERE, la juez que abrió el caso, Mercedes Alaya, impuso 807 millones de euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández; 686 millones al exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero; 490 millones al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; y 29 millones a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez. La juez toma la decisión de anular las fianzas después de que la Junta de Andalucía, la perjudicada en este caso y que no acusa a nadie, decidiera no reclamar ninguna cantidad hasta después del juicio penal.

La Fiscalía ha presentado una nueva querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que se dirige también contra tres miembros de la Mesa de JxS, por desobediencia y prevaricación al permitir que la cámara aprobara una resolución para celebrar un referéndum de independencia. Esta nueva denuncia de la Fiscalía, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y que se suma a la que Forcadell tiene abierta por permitir el debate de la hoja de ruta independentista, se dirige también contra los otros tres miembros de la Mesa de JxS, Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet.

Además de las condenas al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa a seis años de cárcel y al expresidente de Bankia Rodrigo Rato a cuatro años y medio como autores de un delito continuado de apropiación indebida en el caso de las tarjetas opacas de la entidad financiera y al ex director general de medios Ildefonso Sánchez Barcoj, condenado a dos años y seis meses, como colaborador y cómplice de la mecánica desarrollada; los otros 62 acusados restantes, representantes de todos los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, han sido condenados como colaboradores del delito de apropiación indebida. En total, de los 65 condenados 39 tienen penas superiores a los dos años de cárcel. El exconsejero de Caja Madrid por Izquierda Unida, José Antonio Moral Santín, ha sido condenado a cuatro años de prisión. Fue el segundo que más dinero gastó con su tarjeta, después de Sánchez Barcoj. La sentencia impone la misma pena para los exconsejeros Francisco Baquero y Rodolfo Benito de CC.OO., Estanislao Rodríguez-Ponga y Francisco José Moure, del Partido Popular, Antonio Romero y Jorge Gómez Moreno, del PSOE y Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE. Ramón Espinar, exconsejero en representación del PSOE, ha sido condenado a dos años y medio de cárcel. Algo menos, dos años, para Ricardo Martínez de UGT y para el exjefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno. A un año y medio han sido condenados Javier López Madrid y Arturo Fernández de la patronal CEIM, y el exministro Virgilio Zapatero del PSOE. Entre todos gastaron con las tarjetas más de 12 millones de euros. Asimismo, los jueces hacen constar el caso del exconsejero Francisco Verdú, que rechazó la tarjeta a su llegada a Bankia.

Detenidas las personas implicadas en las peleas de perros ilegales en Tenerife. Una operación de ámbito nacional que se iniciaba en un juzgado de Madrid. Hoy la Policía Nacional ha dado una rueda de prensa para explicar los detalles, entre ellos que la organización planificaba ya la celebración de varias peleas más en la isla.

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