El gobierno cede una de las principales reivindicaciones vascas: la gestión de la Seguridad Social pero estudiará cómo traspasar la competencia a partir de junio de 2021. Las pensiones estarán garantizadas y pagadas por el Gobierno central, pero la gestión de los fondos, los medios materiales y edificios, la sanciones, las afiliaciones, altas y bajas de los trabajadores y el control de las cotizaciones dependerán del Gobierno vasco. Sin embargo, no podrá subir las pensiones por su cuenta. La caja única está blindada constitucionalmente. El Estado gasta en Euskadi unos 9.000 millones de euros al año en pensiones. El pasado mes de noviembre, una sentencia del Cosntitucional reconoció al País Vasco el derecho a gestionar estos fondos de la Seguridad Social, una competencia reconocida por el Estatuto de Gernika desde 1979.
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