Hacienda pone la primera piedra para arrancar la reforma del sistema de financiación autonómica, que lleva pendiente siete años. El punto de partida es un nuevo cálculo de la denominada población ajustada. La referencia que se emplea para el reparto de fondos entre las comunidades.
Mayor peso al gasto en sanidad y educación, pero también al coste que acarrea la despoblación y la insularidad. Es la propuesta de Hacienda para cambiar la fórmula -en vigor desde 2009- que determina qué comunidad se lleva cuánto cada año del fondo de garantía.
La fórmula se denomina "población ajustada" y tiene en cuenta, además, el gasto en servicios sociales para mayores de 65 años, los empadronados y variables como la superficie y la dispersión de población. Este modelo de financiación tendría que tener en cuenta la situación de las comunidades que han estado infrafinanciadas. Ahora se esperan las aportaciones del conjunto de las CCAA.
El Fondo de Garantía pretende que cada autonomía reciba cada año los mismos recursos por habitante para financiar sus servicios públicos. Es una de las tres patas del sistema de financiación autonómica actual. No es la que más dinero reporta a las arcas -que son los impuestos- pero sí la que más tensiones despierta entre las comunidades.
