Carlos de Miguel, profesor de derecho medioambiental de la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE, analiza desde el punto de vista del derecho la situación de los pélets en las costas. “La responsabilidad tiene que dirigirse a quien tenía el control de la situación, que probablemente sería el capitán o el armador, como fue el caso del Prestige”. En esta búsqueda de responsabilidades entran en juego varias empresas de distintos países. Según de Miguel “la solución desde el punto de vista del derecho es ir contra todos”, y evitar que los delitos prescriban.
Es importante, según el jurista, compatibilizar la urgencia con establecer una estrategia jurídica adecuada. “Es primordial saber qué ha pasado exactamente, cuándo ha pasado y cómo”. También se han de tener en cuenta los daños en la población que este vertido puede ocasionar a la hora de comenzar la batalla judicial, que puede tardar meses o años. "Hay que pensar en la estrategia conjunta para tener el final que todos queremos".
