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-Més de tres setmanes després, els vehicles afectats per la DANA continuen en la via pública i en dipòsits provisionals a prop de nuclis urbans. N'hi ha 120.000. Els ajuntaments exigeixen que siguen retirats cap a zones allunyades dels municipis. Denuncien problemes de salubritat i seguretat. La Generalitat ja ha activat un pla per a retirar-los, tant de la via pública com d'estos punts provisionals.

-El relat dels fets que van tenir lloc el dia de la DANA, i sobretot les primeres hores de la vesprada del dia 29, continuen centrant el debat públic per l'absència del president de la Generalitat al CECOPI fins passades les 7 de la vesprada. Tot després de conèixers que la periodista que va dinar aquell dia amb Mazón haja dit que no el va vore preocupat pel temporal que estava afectant la Comunitat.

-Jornada de vents forts, de ràfegues de fins 90 quilòmetres per hora. Un vent que dificulta la recerca de desapareguts. De fet, en l'Albufera s'ha suspés la navegació i han traslladat la recerca als canals i a terra. Continuen 8 persones desaparegudes.

-La gestió de la DANA i la cronologia de què va passar el 29 d'octubre continua estan en el punt d'atenció. I més des que hem tingut coneixement que en la reunió del CECOPI d'ixa mateixa vesprada va existir una desconnexió amb la Delegació del govern, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i l'AEMET.

-Més de tres setmanes després, els alcaldes dels municipis afectats, insistixen en posar en marxa una solució per evitar que torne a passar una riuada com la del 29 d'octubre passat que --recordem --va causar la mort de 220 persones. Una de les solucions que estudien ja els experts és desviar el llit del barranc del Poio, un projecte pendent des de fa 15 anys.

"La reforma fiscal aprobada ayer podría generar inseguridad jurídica", advierte Juan María Nin, presidente del Círculo de Empresarios. "Necesitamos empresas con capacidad económica para invertir. Estas inversiones son a largo plazo y estos acuerdos fiscales son a corto", explica en 'Las Mañanas de RNE'. María Nin considera que hay que "reducir el gasto, la burocracia y realizar grandes reformas estructurales". "Vemos la necesidad de medir cuidadosamente el impacto económico a largo plazo, debilitar las empresas frente a competidores de otros países acarrea malas consecuencias". Sobre el impuesto a las energéticas, el Círculo de Empresarios valora que "no se está contemplando el factor de equilibrio necesario". Explica que hay 30.000 millones de euros de inversión en juego, ya que el sector energético "tiene que invertir permanentemente". "Es una situación difícil que exige un análisis más cuidadoso, más a largo plazo y con una mejor interlocución con los protagonistas de la inversión, que son las empresas del sistema energético", asegura. Sobre la OPA del BBVA a Sabadell, cree que "es una partida que se está desarrollando como debe ser, se están haciendo muy bien las cosas".

-Jornada de vents forts, de ràfegues de fins 90 quilòmetres per hora. Un vent que dificulta la recerca de desapareguts. De fet, s'ha suspés el servici de recerca de Salvament marítim i efectius de la Creu Roja han estat rastrejant pels canals de l'albufera. Continuen 8 persones desaparegudes.

-La gestió de la DANA i la cronologia de què va passar el 29 d'octubre continua estan en el punt d'atenció. I més des que hem tingut coneixement que en la reunió del CECOPI d'ixa mateixa vesprada va existir una desconnexió amb la Delegació del govern, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i l'AEMET.

El ministro de Cultura y portavoz nacional de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado este viernes que Víctor de Aldama, el presunto comisionista de la 'trama Koldo', tendrá que "probar" ahora las "gravísimas acusaciones" que lanzó en su declaración ante el juez, en la que reconoció haber pagado comisiones al socialista Santos Cerdán, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su excolaborador Koldo García.

"La credibilidad de determinados personajes es la que es", ha asegurado en una entrevista en La Hora de La 1, en la que ha señalado que ahora será la Justicia la que tendrá que "esclarecer la verdad".

En este contexto, Urtasun ha señalado que España necesita seguir reforzando los mecanismos constitucionales de lucha contra la corrupción: "Seguimos sin tener un órgano específico en lucha contra la corrupción como recomienda el GRECO a nivel europeo", ha advertido.

FOTO: EFE/ Chema Moya

El vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de la Mesa, cree que el paquete fiscal que el Gobierno ha conseguido aprobar hoy en el Congreso genera una "falta de confianza e incertidumbre", así lo ha expresado en el informativo 24 horas de RNE: "Aquí se habla de todo menos de cuánto se va a recaudar y de cuánto es el impacto económico de los impuestos". No son partidarios del impuesto a la banca porque creen que la gente de menor renta, como los jóvenes o las pymes, son los más perjudicados. Y en cuanto a las energéticas, declara que podría retrasarse aún más la transición energética. Así, señala que en España no hay un problema de ingresos, sino una falta de estrategia y un "gasto desorbitado": "No hay un sólo impuesto en Europa que esté por debajo de España. Tenemos una presión fiscal muy importante que está generando que la inversión en España esté cayendo, estamos haciendo que el talento se vaya de nuestro país [...] Nos estamos comiendo el bienestar futuro y el crecimiento económico, tenemos que tomarnos más en serio la fiscalidad".

Esta tarde también se han reunido Gobierno y agentes sociales para la reducción de la jornada laboral. Después de once meses de reuniones, los empresarios han dado su 'no' definitivo. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, considera que han jugado factores ideológicos o partidistas en la decisión de la patronal, por lo que, ha añadido, que el acuerdo sólo con los sindicados es "inminente". En 24 horas de RNE, el vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de la Mesa, ha explicado que no están en contra de la reducción de la jornada, sino que cree que el foro de negociación son los "convenios" y no una ley, ya que considera que hacerlo de esta forma es "ineficiente": "Los que tienen que decidir la reducción de la jornada son los distintos convenios de empresas, de autonomía y de sectores, que son los que conocen mejor la realidad empresarial". Insiste en el pragmatismo de los empresarios y defiende que no hay ninguna "razón ideológica" detrás de esta decisión, ya que lo único que quieren, dice, es el "correcto" funcionamiento de la economía y de las empresas. "No puede ser que por ley se decida regular todos los sectores y todas las empresas. No tienen ningún sentido y va en contra del interés general. Que el Gobierno haga lo que crea oportuno, pero nosotros creemos que no es bueno para el país, para el empleo ni para el bienestar social", subraya.