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La decisión de Telefónica de modificar las condiciones del ERE para asumir el coste del desempleo no ha gustado a los representantes sindicales, porque creen que serán los trabajadores los lo que lo paguen. La empresa ha vuelto a la cifras iniciales: 6.500 trabajadores en tres años.

Telefónica ha presentado este jueves el ERE para 8.500 trabajadores que se hará en cinco años. El futuro la compañía depende de este ERE. Asegura Telefónica que recortar plantilla y reducir el coste de personal es su garantía de rentabilidad. Al ERE se podrán acoger hasta 8.500 trabajadores. Con la ley actual, sus prestaciones por desempleo durante dos años saldrán de las arcas públicas.

Pero el Gobierno quiere que el coste de estos despidos pactados corra íntegramente a cargo de la compañía. "Nosotros discutiríamos con la compañía Telefónica la posibilidad de que de una u otra forma no se infringieran esos costes al sistema de protección por desempleo. Verbalmente nos ha señalado en alguna ocasión su disposición a hacerlo", ha subrayado Valeriano Gómez, ministro de Trabajo.

El Grupo Socialista en el Congreso quiere que las empresas con beneficios asuman el coste integro de las prestaciones. Presentó una enmienda para modificar la ley, pero todavía no se ha aprobado. Los sindicatos han subrayado que no van a aceptar que el ERE se pague con dinero público.

Por beneficios, el grupo Telefónica es la primera empresa española: ganó más de 10.000 millones de euros en 2010. En 20 días, su filial Atento saldrá a bolsa. Está valorada en hasta 1.500 millones y, de momento, solo los grandes inversores tendrán acceso a la compra.

El ERE, inicialmente previsto para tres años, se amplía a cinco. El Ministro de Trabajo confía en que el Inem no tenga que pagar el paro de los trabajadores afectados.

Los aproximadamente 4.000 prejubilados afectados por el impago de los ERE subvencionados por la Junta de Andalucía, que están siendo investigados por la Justicia, empezarán a cobrar a partir de la próxima semana tras llegar la Consejería de Empleo y los sindicatos a un acuerdo para desbloquear el pago de dichas prestaciones, salvo para aquellos casos irregulares. Se mantiene la suspensión de los pagos para los 72 presuntos intrusos que detectó la investigación interna de la Consejería de Empleo sobre las irregularidades en los ERE, y también para otras 111 personas más cuyos expedientes presentan discrepancias administrativas.

Lo acusan de ser responsable de las supuestas irregularidades en los ERE de Andalucía, y de beneficiar a empresas para las que trabajaba su hijo. Chaves les ha retado a que acudan a los tribunales. Los populares también han pedido otra vez explicaciones a Rubalcaba por el caso Faisán.

El Gobierno espera aprobar la reforma para hacer aflorar el empleo sumergido en el Consejo de Ministros de este viernes. El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha señalado que es "justo" obligar a las empresas a pagar una parte de los subsidios de los empleados de más de 50 años que ya no van a buscar un nuevo puesto de trabajo. La reforma pretende que las empresas declaren los empleos sumergidos, no declarados a la Seguridad Social, antes del 30 de junio.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha señalado que la enmienda que ha presentado el PSOE para que las empresas paguen una parte del subsidio de los trabajadores que prejubilan es una "compensación" a la sociedad.