La Fiscalía del Tribunal Supremo seguirá investigando posibles irregularidades en las finanzas del rey Juan Carlos I y estudiará en una "investigación más amplia" si la regularización fiscal que ha hecho tras pagar a Hacienda 678.393 es "espontánea, veraz y completa". De lo contrario, el monarca no quedaría eximido de un posible delito fiscal, si éste existiera.
Así lo han acordado los fiscales responsables de la investigación sobre el rey emérito tras una reunión mantenida este viernes. En un comunicado, la Fiscalía ha informado de que "valorará el alcance de la declaración tributaria" por la que el monarca ha regularizado, según su entorno, unos 800.000 euros en donaciones que le habría hecho su amigo y empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
Los peritos de la Agencia Tributaria ha entregado ya a la Fiscalía del Tribunal Supremo el informe en el que corroboran que Juan Carlos I ha saldado su deuda con Hacienda por unas donaciones que, según fuentes cercanas al emérito, ascenderían a 800.000 euros y procederían de un empresario mexicano amigo suyo. Entretanto, hay otras dos investigaciones en la Fiscalía del Tribunal Supremo por las comisiones del AVE a La Meca y una presunta cuenta opaca en la isla de Jersey.
El Tribunal Supremo anuló la condena de Arnaldo Otegi y otros cuatro miembros de la izquierda abertzale el pasado junio en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dictaminó que no tuvieron un juicio justo. Ahora el ministerio público esgrime que un defecto procesal no puede convertirse en una exención penal. Informa Teresa Coto.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, han revelado este viernes la existencia de una tercera investigación relativa al rey emérito, Juan Carlos I, que se encuentra en estado "embrionario" y de la que se ocupará la Fiscalía del Tribunal Supremo en colaboración con Anticorrupción. Las pesquisas partirían de una información procedente de "inteligencia financiera" se han limitado a señalar. Por otra parte, la Fiscalía del Supremo no ha encontrado indicios de delito en la investigación por presuntas comisiones del Ave a La Meca.
La Fiscalía del Supremo ha abierto una tercera investigación al rey emérito, Juan Carlos I, por presuntas irregularidades fiscales, porblanqueo de dinero. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado y el fiscal jefe de Anticorrupción han dado cuenta de esta nueva línea de investigación que se abre a Juan Carlos I tras recibir un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. La investigación se centra en infracciones relacionadas con el blanqueo de capitales y se encuentra en fase embrionaria. Esta tercera investigación se suma a la que ya conocíamos recientemente sobre posibles pagos con una tarjeta opaca de la que se podrían haber beneficiado el rey emérito y otros miembros de su familia, y de las supuestas comisiones del AVE aLa Meca. Las dos comisiones las lleva la Fiscalía del Tribunal Supremo. Informa Araceli Sánchez.
La Fiscalía del Tribunal Supremo asumirá la investigación contra el rey Juan Carlos I, la reina Sofía y otros miembros de la familia por el presunto uso de tarjetas opacas. Es una información adelantada hoy por elDiario.es
Informa Teresa Coto
El Ministerio Fiscal ha declarado que emitirá un informa favorable si se tramita un expediente de indulto. La Fiscalía le imputa un delito de cooperación al suicidio y pide para él 6 meses de prisión por unos hechos que están penados con hasta 10 años. Rebaja la petición al aplicar los atenuantes de confesión y parentesco. Los hechos ocurrieron en abril de 2019, cuando ayudó a su mujer, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple, a morir tras sus peticiones. Alba Urrutia ha hablado con él y con su abogada.
La Fiscalía descarta que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, incurriera en un delito de prevaricación cuando el pasado mes de enero mantuvo un encuentro con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que no admita las querellas presentadas por Vox y el partido Laócrata contra Ábalos en las que denuncian que autorizó a atravesar el espacio aéreo español y aterrizar en el aeropuerto a Rodríguez pese a que tenía prohibido el paso por el espacio europeo. La Fiscalía afirma que esas denuncias se basan únicamente en artículos de prensa y en declaración notarial de un trabajador del aeropuerto y no concretan si Ábalos adoptó una resolución injusta y arbitraria.
En varias comunidades autónomas se han interpuesto denuncias por las muertes de ancianos en residencias. Madrid es la que más demandas acumula. La Fiscalía no ve delito en la actuación de las residencias madrileñas ni de sus profesionales y acaba de archivar el primer caso y prevé aplicar el mismo criterio con otro medio centenar. La Fiscalía cree que las residencias actuaron de acuerdo a las normas vigentes en el momento y que hicieron todo lo que pudieron con los materiales con los que contaban en ese momento. Ahora mismo hay abiertas alrededor de 50 diligencias, por lo que el criterio general será archivarlas. Lo cuenta Fernando Cardenal. En el informativo 14 horas de Radio Nacional hablamos con Carlos Sardinero, letrado de la asociación 'El defensor del paciente'. Desde la asociación esperaban la valoración de la Fiscalía pero afirman que no alcanzan "a comprender por qué la Fiscalía pide la inadmisión de querellas que han quedado sin estudio, cuando debería ser quién impulsara la investigación" y abogan por estudiar en profundidad qué ha sucedido que cada uno de los casos que han llegado a sus despachos. "El principal problema es que se están presentando querellas multitudinarias, con un gran número de afectados. Se agrupan pensando que así hacen más fuerza pero no es así. El juez así no puede descender al caso concreto y entra a valorar la actividad de la residencia o de los responsables de las comunidades autónomas de una forma muy global. Se valora en conjunto y se rechaza en grupo", explica Sardinero.
El líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, considera que es "inconcebible" ni como "mera hipótesis" que pueda ser imputado en el caso Dina y ha descartado dimitir después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castelló, haya solicitado al Tribunal Supremo de que se le investigue por tres presuntos delitos. Mientras, el Supremo ha preguntado a la Fiscalía si debe investigarle.
La Comisión Europea considera que la renovación del Consejo General del Poder Judicial es una de las tareas urgentes de la justicia española. Bruselas recuerda que el órgano de gobierno de los jueces lleva dos años esperando su renovación y que el propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, lo considera una "anomalía democrática". Es una de las conclusiones del Informe sobre el Estado de Derecho elaborado por la Comisión Europea, que también advierte de que el vínculo entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado en España pone en duda su independencia y alerta de la lentitud de la justicia española.
