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El Tribunal Supremo ha imputado a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por revelación de secretos en relación con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, algo que no ha pasado nunca antes en democracia. En un comunicado, García Ortiz ha expresado su decisión de seguir en el cargo alegando que "es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española". Mañana se reunirá con la Junta de Fiscales de Sala y con el Consejo Fiscal para explicarles su decisión de seguir y escuchar los puntos de vista del Ministerio público.

La Sala de lo Penal del Supremo pone el foco en averiguar si ha podido revelar datos confidenciales a los que ha tenido acceso por razón de su cargo. Consideran que no hay delito en el comunicado como tal, puesto que son conscientes de que varios medios habían publicado ya detalles de la investigación, pero afirman que es distinto eso a la filtración de los correos electrónicos entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha comparecido ante los medios para manifestar el "total respaldo" de su partido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su imputación por parte del Tribunal Supremo, por revelación de secretos.

Todo tras la difusión de una nota para desmentir una información "incierta" a juicio del ministro, lanzada por el entorno de la presidencia de la Comunidad de Madrid, en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, quien aseguraba que Hacienda la fiscalía le ofreció un trato para no ir a prisión.

"¿Qué hizo la fiscalía? Cumplir con su deber, perseguir el delito y proteger la verdad. El delincuente confeso hizo lo contrario. ¿Puede ser delito en este país contar la verdad?", se ha preguntado Bolaños ante los periodistas a la vez que ha expresado su respeto a la resolución del Tribunal Supremo.

Preguntada en los pasillos del Congreso por la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha opinado que la fiscalía se defendió "de una mentira" que la señora Ayuso dijo trasladando que a su novio, cometedor de un delito fiscal, "se le había ofrecido un pacto y que además era Hacienda la que le debía dinero [a su pareja]".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha respondido en los pasillos del Congreso ante las preguntas sobre la imputación del fiscal general del Estado a manos del Supremo que, desde su grupo, no van a "aceptar ningún atisbo de corrupción" aunque tampoco van a participar en "campañas de la ultraderecha". "Hay un fantasma conservador que recorre esta cámara, conformado por PP, Vox y Junts y que acabará con Feijóo en la Moncloa, ha concluido.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido la dimisión del fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Supremo le haya imputado por un presunto delito de revelación de secretos por el caso del novio de Ayuso: "Debería dimitir esta mañana, no puede seguir ni un minuto más contaminando todo lo que hace la fiscalía en nuestro país", ha señalado la portavoz de los 'populares'.

Gamarra ha recordado que el Estatuto fiscal exige a García Ortiz el "principio de legalidad y neutralidad" en su mandato, por lo que los conservadores piden su dimisión dos días después de anunciar una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Preguntada por las declaraciones del Ursula von der Leyen sobre política migratoria, Gamarra ha respondido que "Europa se está moviendo y España debería moverse al mismo tiempo que se mueve Europa".

En España, los delitos de odio están en ascenso. Según los datos más recientes de la Fiscalía General del Estado, las denuncias en 2023 se dispararon un 300% en comparación con años anteriores. De los 511 casos reportados, la mayoría están relacionados con racismo y xenofobia, seguidos por casos de LGTBfobia. Los expertos alertan que las redes sociales se han convertido en un caldo de cultivo para este tipo de discriminaciones, donde se cometieron casi cuatro de cada diez delitos de odio en 2023. Las asociaciones y observatorios reconocen también que los discursos de extrema derecha favorecen el clima de odio, y piden políticas públicas más eficientes.