El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha afirmado que el 2011 será "uno de los años más duros para el sector financiero" y ha instado al Gobierno a seguir con el proceso de reformas económicas. Ordóñez ha admitido que la reforma de las cajas de ahorros debería haberse hecho antes y matiza que las que tengan problemas recibirán ayudas excepcionales pero no serán nacionalizadas.
El catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid Juan Antonio Maroto ha asegurado en el programa de RNE "En días como hoy" que los ahorradores que tienen su dinero en la CAM no deben temer por él. (31/03/2011)
Para el presidente valenciano, Francisco Camps, el Banco de España es el responsable de los problemas de las cajas, mientras que para el asturiano, Vicente Álvarez Areces, la prioridad de la entidad de su comunidad debe ser mantener la solvencia.
Caja del Mediterráneo ya ha dicho que quiere seguir adelante con el proceso. Pero falta saber qué dirán Cajastur y las cajas de Cantabria y Extremadura. Las dudas surgen porque, para cumplir los requisitos de capital básico, el banco tendría que pedir tanta ayuda pública que el Estado tendría casi la mitad de la entidad.
El Banco de España ha suspendido a 12 entidades bancarias por no cumplir los niveles mínimos de solvencia exigidos por la nueva ley del sistema financiero. Entre los suspensos hay cuatro bancos y ocho grupos de cajas, aunque los primeros no llegan al 8% de capital básico exigido y las segundas no alcanzan el 10% que se requiere a ese tipo de entidades.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha calificado este jueves como "asumibles" los 15.000 millones de euros que -según la evaluación del Banco de España- necesitan las entidades bancarias españolas para reforzar su capitalización.
Hace tres años, España presumía de un sistema bancario con un nivel de solvencia a prueba de crisis. Pero la prolongación de las tensiones financieras y las dudas de los mercados ha cambiado el panorama y han obligado a las autoridades a inducir la recapitalización de las entidades más frágiles.
