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La crónica política sigue girando entorno a la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso y al tiempo sobre la moción de censura anunciada por el PSOE. Hay ya varias alternativas sobre la mesa para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dé explicaciones en sede parlamentaria, pero nada está cerrado.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recalcado que el Estado de Derecho "no se somete a chantaje" y que ni se ha producido ni se va a producir "indicación", "sugerencia" o "presión" alguna a la justicia por el caso Bárcenas. La declaración se ha producido en rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Polonia. (15/07/2013)

El secretario General del PSOE ha hablado ya con los portavoces de varios partidos para acordar una iniciativa frente al Gobierno y el PP por los últimos acontecimentos del caso Bárcenas. Los socialistas no descartan una moción de censura.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha insistido este domingo en pedir la dimisión inmediata del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por el caso Bárcenas, y ha resumido su comportamiento en mentiras, falta de explicaciones y connivencia con un delincuente. La declaración se produce tras la publicación por parte del diario 'El Mundo' de supuestos SMS que probarían que Rajoy mantuvo contacto con el extesorero del PP tras hacerse pública la presunta contabilidad B del partido.

El diario 'El Mundo' ha publicado este domingo varios supuestos SMS que probarían que el presidente del Gobierno mantuvo contacto con el extesorero del PP después de conocerse la presuntan contabilidad irregular del partido. Según el periódico, el último mensaje que envió Rajoy a Bárcenas es de enero de 2013, días después de conocerse la cuenta en Suiza del extesorero con 22 millones de euros. Rajoy le dice: se fuerte, mañana te llamare, un abrazo. A partir de ahí, Bárcenas se habría puesto en contacto en varias ocasiones con Rajoy , pero sin recibir respuesta.

La reforma eléctrica aprobada por el Gobierno intenta corregir los desequilibrios causados en el sistema eléctrico por el déficit de tarifa, el desfase generado porque los costes estimados por el sector superan a los ingresos conseguidos a través de la tarifa y que suma ya 26.000 millones. Después de las medidas ya puestas en marcha antes de esta reforma, para evitar que cada año el déficit tarifario crezca en 4.500 millones, el Gobierno ha fijado un reparto por el que las cuentas públicas absorberán 900 millones (la mitad del sobrecoste de los sistemas eléctricos peninsulares que hasta ahora, debía de pagar por ley el Estado), las empresas del sector eléctrico asumirán 2.700 millones y los consumidores aportarán los restantes 900 millones a través de la subida de los peajes.