Gobierno de España

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha analizado los resultados de las elecciones en Madrid fijando su atención en el futuro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que los populares siguen culpando de todo lo ocurrido. “La cuenta atrás de Sánchez acaba de comenzar”, ha dicho en RNE, alabando la idea de Ayuso de gobernar con libertad. Hacen también protagonista de la victoria al presidente del PP, Pablo Casado. “Los españoles han dicho adiós al odio, al enfrentamiento. Ese proyecto lo lidera Casado ante la debilidad de una izquierda que ha intentado romper España”. El PP se felicita también de la marcha de Pablo Iglesias, “se ha demostrado que la nueva política que había llegado para salvarnos solo nos ha traído inestabilidad y populismo”. En ese sentido, ante una posible absorción de Ciudadanos, asegura que “el futuro de cada partido lo deciden los ciudadanos. Ellos tendrán esa palabra”. El PP resta importancia al futuro papel de VOX para sacar adelante proyectos clave como el de los presupuestos y no aclara la relación que establecerá ahora con el partido de Abascal. Niega también que los resultados de anoche vayan a provocar una convocatoria electoral en Andalucía o Castilla y León: “necesitamos gobiernos estables y que estén centrados en los problemas reales”. Cuca Gamarra concluye que su partido sigue en la misma posición que antes para negociar con el Gobierno asuntos como la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, atribuye los peores resultados del partido en unas elecciones de Madrid a "la fatiga pandémica", que ha provocado un traspaso de votos socialistas al PP, y urge a una renovación del PSM. Además, la dirección socialista intenta aislar a Pedro Sánchez de la debacle madrileña argumentando que Madrid es un caso particular y que los resultados de los comicios no son extrapolables al ámbito nacional. "Madrid es una comunidad muy importante, pero no representa al conjunto de España", subraya Ábalos.

Horas después de que el Gobierno haya aprobado un decreto que, cuando decaiga el estado de alarma, deja en manos del Supremo la decisión última sobre las restricciones, analizamos la viabilidad de la medida con Agustín Ruiz Robledo. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada cree que, aunque este decreto dará una mayor seguridad jurídica a las CCAA, es difícil que pueda refrendar ciertas restricciones de derechos fundamentales. “Creo que no hay un jurista que defienda un toque de queda en una situación ordinaria, sin estado de alarma, porque es como un arresto domiciliario”. Añade que el cierre perimetral si es una cuestión más discutida. En todo caso, él considera que estas decisiones forman parte de la función legislativa y que se deberían haber reformado las leyes sanitarias que permiten tomar decisiones extremas en casos de alarma sanitaria como la actual. “El instrumento jurídico no puede ser la justicia ordinaria” ha concluido Ruiz Robledo.

El próximo 9 de mayo termina el estado de alarma. Sin intención de prorrogarlo y sin alternativa jurídica de ámbito nacional, las Comunidades Autónomas tendrán ahora que decidir qué medidas aplican. A País Vasco le hubiera gustado que continuara y prepara ya un decreto para seguir blindados. Desde Castilla-La Mancha y Cataluña han anunciado ya que eliminan los cierres perimetrales, también la Comunidad Valenciana, pero sí que mantendrán de momento el toque de queda. Cantabria abre igualmente su territorio y en Galicia, la Xunta está dispuesta a modificar el horario de las restricciones nocturnas. Por su parte Andalucía ha dicho que reduce el toque de queda y las limitaciones en playas con alta incidencia. Los nuevos decretos de cada Comunidad Autónoma deberán ser ratificados por los tribunales. Desde el Gobierno central insisten en que las comunidades tienen herramientas suficientes, mientras que aún algunas autonomías siguen decidiendo su plan cuando la incidencia acumulada está en 223 casos por 100.000 habitantes.

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La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha garantizado que tras el fin del estado de alarma primará la coordinación entre las administraciones para hacer frente a la pandemia. Entre las medidas, ha destacado la posiblidad de seguir contando con médicos jubilados para combatir la pandemia y la especial protección a mujeres y menores contra la violencia machista. Tras el Consejo de Ministros, Calvo ha indicado que la salida del estado de alarma se hace con "ponderación, eficacia y en coordinación con el resto de las administraciones·. Subraya que se da entrada a "una vía garantista para que el Tribunal Supremo unifique doctrina y tranquilice a los ejecutivos autonómicos" para poder "seguir trabajando incluso en decisiones que limiten derechos".

La consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, confía en que las próximas semanas sirvan para que desciendan las cifras de afectados y llegar a los 60 contagios cada 100 mil habitantes. Sagardui cree que la población vasca está siendo responsable pero que, como en toda España, el cansancio comienza a hacer mella. Lamenta que no se haya puesto en marcha ninguna reforma legal que les garantice herramientas una vez que expire el estado de alarma. “Pensamos que el levantamiento del estado de alarma es muy pronto. No hemos superado la pandemia. Estamos mejor, pero no bien. Necesitamos instrumentos legales que nos permitan adoptar las medidas más adecuadas y con inmediatez”, ha dicho en RNE. La consejera no aclara si Euskadi puede plantearse solicitar en el Congreso un estado de alarma para su territorio e insiste en “pese a que las medidas relativas a la movilidad y a la reunión son las que están siendo más efectivas, son sobre las que las CCAA no tenemos capacidad de decisión”. Sobre los pasajeros del barco atracado en el puerto de Bilbao que podrían estar contagiados con la variante India, Sagardui asegura que están esperando los resultados de las pruebas epidemiológicas y que, mientras, están dando toda la atención sanitaria que los afectados necesitan.

Las comunidades perfilan ya sus planes parael final del estado de alarma en menos de una semana. El debate entre relajar o mantener las restriccionesrecuerda al de junio de 2020, cuando llegó el fin del primer periodo de excepción. Hemos preguntamos a varios expertos sobre las semejanzas y diferencias entre las dos fechas.

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Foto: EFE/ Raúl Caro.

Si nada cambia a lo largo de esta semana, el domingo decaerá el estado de alarma y entraremos en una nueva fase de la pandemia de coronavirus. Las decisiones para restringir ciertos derechos quedarán en manos de los tribunales superiores de justicia de las Comunidades Autónomas. Hemos analizado el nuevo escenario con José Jonay Ojeda, médico especialista en Medicina Preventiva y uno de los portavoces de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Según Jonay, “el foco no solo hay ponerlo sobre las herramientas, sino en su efectividad. Debemos pensar cómo modificar el comportamiento con motivo de este cambio legal”. Él cree que la legislación actual podría ser suficiente si la evolución epidemiológica avanza al ritmo al que lo está haciendo ahora y todos ponemos de nuestra parte. “El comportamiento individual seguirá siendo uno de los principales condicionantes en la evolución de la pandemia. Tendremos que observar dos semanas para ver si la tenencia descendente se sigue reduciendo”, ha dicho en RNE. La vacunación, añade, contribuirá al éxito de la situación pero, en este sentido, recuerda que habrá que seguir aplicando restricciones y teniendo cuidado hasta que no avance la campaña en todo el mundo. “Si aspiramos a recuperar la vieja normalidad, hasta que países como India no consigan controlar la pandemia, no conseguiremos volver a ella”, ha concluido.

El Gobierno plantea eliminar de manera "paulatina" la reducción por tributación conjunta en el IRPF al considerar que "genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta", que suelen ser mujeres. Esta medida está recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se adoptará mediante el establecimiento de un régimen transitorio. No obstante, el Ministerio de Hacienda ha asegurado que suprimir este beneficio no está en la agenda del Gobierno en este momento. Ha destacado que la propuesta está incluida en el apartado sobre igualdad de género y no en el bloque de reformas fiscales. Un grupo de expertos está estudiando la cuestión y el Ejecutivo tomará una decisión en 2022. Hacienda ha subrayado que en ningún caso supondrá un aumento de la carga fiscal de las familias.

Foto: Getty Images

• Considera que "genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta", que suelen ser mujeres
• La medida se estudia en el apartado de igualdad y según el Gobierno no supondrá mayor carga fiscal para las familias

• Así lo recoge el Ejecutivo en el Programa de Estabilidad remitido este viernes a la Comisión Europea
• En 2021, la remuneración de asalariados ha aumentado un 3,8%, hasta suponer el 12,1% del PIB

Los efectos de la crisis sanitaria en la economía española han expandido sus redes al déficit previsto para este año. El Gobierno empeora su previsión y pronostica un aumento de siete décimas sobre lo previsto hace unos meses. La nueva proyección enviada a Bruselas dentro del Programa de Estabilidad arroja un 8'4 % para 2021 y fía parte de la recuperación al impacto de las futuras reformas fiscales.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que la deuda pública pasará del 119,5 % este año al 112,1 % en 2024. La deuda seguirá una senda progresiva de reducción y cerrará 2022 en el 115,1 %. En 2023, está previsto que acabe en el 113,5 %.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que el déficit cerrará 2021 en el 8,4 %. Ha añadido que el desequilibrio de las cuentas públicas en "un escenario inercial" irá reduciéndose y será del 5 % en 2022, del 4 % en 2023 y caerá hasta el 3,2 % en 2024.

• Lo sitúa siete décimas por encima de la estimación de otoño por la rebaja del crecimiento económico
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La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que todas las herramientas que están vigentes para controlar la pandemia seguirán usándosecuando termine el estado de alarma, pese a las dudas de la oposición. Se refiere alas medidas acordadas entre las comunidades autónomas en la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19 y el Plan de respuesta temprana (que recogen recomendaciones en función de la incidencia), y también a la vacunación.

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Foto: La ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados. EFE/ Zipi

Continúa el debate sobre qué restricciones se podrán tomar ante el coronavirus cuando decaiga el estado de alarma el 9 de mayo. A diez días de la fecha, como Castilla y León, el lehendakari Iñigo Urkullu pide que se alargue uno o dos meses en todo el país, pero el Gobierno insiste en que las comunidades tienen herramientas suficientes. El PP quiere una reforma legal que permita tomar medidas sin aval judicial.

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Foto: Control de la Guardia Civil a los coches procedentes de Asturias en la entrada de Ribadeo (Lugo). EFE/J. L. Cereijido/Archivo

2021 arranca con destrucción de empleo. Esta es una de las conclusiones de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año que cifra esa pérdida en 136.500 puestos. El estudio también destaca una ligera bajada de la tasa de paro, pero descubre un dato preocupante: aumenta el número de hogares con todas las personas en paro que ya superan el millón doscientos mil.

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El fin del estado de alarma supondrá el fin del cierre perimetral de las autonomías y el toque de queda, por lo que las comunidades se preparan para ese escenario y piden al Gobierno cobertura jurídica. País Vasco y Cantabria sugieren que, para controlar la pandemia, se pueda decretar el estado de alarma solo en las autonomías con mayor incidencia de contagios. El presidente de la Comunidad Valenciana, sin embargo, cree que no es necesario seguir con esta figura. Por su parte, Madrid o Galicia piden que se modifique la ley de Salud Pública, mientras otras comunidades se han limitado a solicitar un marco jurídico que evite las situaciones que se dieron el verano pasado, cuando en algunos territorios los jueces avalaban unas restricciones mientras en otras comunidades las echaban atrás. (Foto: EFE)