- El líder del PP asegura que Sánchez no es del PSOE "porque ya no es socialista, ni obrero, ni es español"
- Sánchez defiende en el Congreso que "España está preparada para reconocer al Estado palestino"
- Núñez Feijóo asegura que el PP está a favor del reconocimiento pero cuestiona el "cómo y cuándo"
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Congreso para dar cuenta del último Consejo Europeo, explicar la posición del Ejecutivo respecto a la guerra de Gaza, incluida la determinación de reconocer el Estado palestino antes de julio, y las relaciones con Marruecos tras su viaje de febrero.
Sánchez ha asegurado que España "está preparada" para reconocer a Palestina, mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto condiciones al "cómo y al cuándo", que en su opinión debe llegar tras un proceso de negociación y con una "masa crítica" de países a favor del reconocimiento.
Foto: EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha dicho en relación con la posible denuncia del PP por los presuntos contactos de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con la trama del 'caso Koldo', que será en todo caso "una denuncia falsa" y ha asegurado que el PP "nada en la nada" porque se trata de una cuestión "archivada ya en dos ocasiones por la oficina de conflictos". Alegría cree que atiende a un "patrón de conducta: no acepta el mandato de las urnas cuando ellos no gobiernan" y a que "no tiene proyecto para el país ni para mejorar la convivencia en Cataluña". Feijóo había dicho este martes en una entrevista que van a agotar la vía administrativa y que, en el caso de que no les dé ninguna explicación, valorarán si están ante un supuesto de conflicto de intereses ante la jurisdicción contencioso administrativo. Foto: EFE/Chema Moya.
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El Gobierno ha anunciado que va a eliminar la ‘golden visa’ que otorga el permiso de residencia a los extranjeros que invierten más de 500.000 euros en vivienda en España.
Luis Santamaría, portavoz del Partido Popular en la comisión de investigación del Senado, asegura que las comparecencias no van a tardar mucho en llegar y considera que podrán ser a finales de abril o principios de mayo. “Koldo García es uno de los grandes protagonistas de esta trama […] Le vamos a pedir que no nos conteste a nosotros, sino a los españoles que durante el confinamiento lo pasaron tan mal”, expresa en el programa Parlamento de Radio 5.
Santamaría apunta que van a llamar a todos aquellos ministros que sean necesarios “para esclarecer unos hechos que fueron muy graves”. El presidente popular aseguró que si Sánchez no ofrecía una explicación, no descartaban llamarle a comparecer en el Senado. “Feijóo es una persona razonable que le pide al presidente del Gobierno que, desde su propia iniciativa, dé las explicaciones, ese es el margen que le está dando", explica el portavoz.
Pere Aragonès intervendrá el lunes en la sesión del Senado para defender la amnistía y "trolear al PP", según ha dicho el presidente de la Generalitat. La portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, considera que los populares organizan esta convocatoria para generar ruido sobre la ley y que no esperaban la presencia de Aragonès. “Lo que está pasando en el Senado es una utilización partidista de la Cámara por parte del PP, el lunes será otra maniobra más y cada uno está a disposición de elegir si quiere participar o no”, dice sobre la ausencia de algunos presidentes socialistas.
El voto particular de ERC al informe sobre el impacto autonómico de la ley de amnistía dice que es una herramienta útil en la resolución del conflicto político entre Cataluña y España y que no tiene un impacto en el funcionamiento del Estado autonómico. “Entendemos que no hay nada que pueda hacerse que paralice la tramitación en el Senado. Cualquier movimiento que pretenda paralizarla es un fraude de ley”, asegura Bailac. Esperan que el 16 de mayo el Senado termine su trámite para que pueda estar a disposición de que el Congreso “pueda rematarla” y que la ley sea una realidad cuando antes, “con independencia del calendario electoral”.
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Choque de Moncloa y comunidades gobernadas por PP y VOX a cuenta de la ley de Memoria democrática. Según un primer análisis de los servicios jurídicos del Gobierno, las normas autonómicas como la que ya ha aprobado Aragón son inconstitucionales.
El 'president' de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha defendido la proposición de ley de concordia registrada por los socios del gobierno valenciano (PP-Vox) en Les Corts ante la intención del Gobierno de llevarla al Tribunal Constitucional (TC) si sale adelante en los términos propuestos.
"Si alguien considera que es inconstitucional, va a tener que dar explicaciones", ha subrayado, además de afirmar que el Gobierno tiene "dificultades" para dar "lecciones de coherencia constitucional".
Así ha valorado, a preguntas de los periodistas, el anuncio que realizó este lunes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, de que el Gobierno llevará al TC las leyes autonómicas de memoria democrática de Aragón, Castilla y León y Comunitat Valenciana porque consideran que van contra la ley estatal que regula esta materia.
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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo tiene intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes autonómicas impulsadas por PP y Vox que van en contra de la norma estatal de Memoria Democrática aprobada en 2022.
En una entrevista en La Hora de La 1, se ha referido en concreto a la ley aprobada por el Gobierno de Aragón y las que quieren aprobar los Ejecutivo de Castilla y León y la Comunidad Valenciana, donde en todos ellos gobierna el PP junto a Vox.
FOTO: EFE/ Adrian Ruiz Hierro
La tramitación comienza el próximo martes. El Senado en pleno, a petición del PP, pedirá al Congreso que retire la ley de amnistía. Es el primer conflicto entre órganos constitucionales que se produce en democracia. Una vez que esa petición llegue a la Cámara Baja, el Congreso tendrá 30 días para responder. Si, como es previsible, el Congreso desoye al Senado, el PP pedirá que la Cámara Alta acuda al Tribunal Constitucional. En noviembre, el PP ya modificó el reglamento del Senado para no tramitar la ley con urgencia. Los 'populares' harán todo lo posible para retrasar su publicación en el BOE. Pero tienen un límite, el 16 de mayo, cuatro días después de las elecciones en Cataluña.
Foto: Carles Puigdemont (Kenzo TRIBOUILLARD/AFP)