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Ocho de cada 10 opositores a una plaza de maestro en Madrid suspendió una prueba de conocimiento con preguntas correspondientes al nivel de alumnos de 12 años. El gobierno regional ha anunciado que pedirá al Ministerio de Educación un cambio en los criterios de selección para optar a una plaza fija de docente en primaria.

Los homenajes a las víctimas de los atentados de los trenes de Madrid el 11 de marzo de 2004, de los que se cumplen nueve años, han arrancado a las 8.30 horas de este lunes en un solemne y sobrio acto en la Real Casa de Correos, presidido por el dirigente autonómico, Ignacio González, y la alcaldesa de la capital, Ana Botella. A pesar de la amenaza de lluvia, el acto se ha podido celebrar como en años anteriores, con la presencia de multitud de autoridades, entre ellos, la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, los ministros de Educación y Justicia, José Ignacio Wert y Alberto Ruiz-Gallardón, respectivamente, o la delegada de Gobierno, Cristina Cifuentes.

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El presidente madrileño Ignacio González ha anunciado hoy que a finales de 2012 compró el ático de Marbella que va a investigar un juzgado de Estepona. El juez ha pedido a Hacienda toda la información sobre la sociedad radicada en un paraíso fiscal que, anteriormente, tenía a su nombre el inmueble. La investigación parte de una denuncia del Sindicato Unificado de Policía por posibles irregularidades. La fiscalía anticorrupción decidió archivar aquella denuncia al no encontrar indicios de delito. Los socialistas madrileños han pedido la dimisión de Ignacio González porque dicen que está inmerso en un presunto caso de corrupción. Hasta ahora el presidente madrileño había afirmado que alquilaba el ático. Hoy ha revelado que en diciembre lo compró por 770.000 euros.

En Madrid el gobierno regional no suspenderá la tasa del euro por receta, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso anunciado por el gobierno central. El gobierno de la Comunidad dice que la regulación es distinta a la de Cataluña y que es una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Asegura que tiene competencia para cobrar esta tasa y que en estas dos semanas que se lleva aplicando han sido muy pocas las personas que se han negado a pagarla.