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La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, ha reconocido que no fue "oportuno" el cobro de dietas de Caja Navarra aunque sí ha señalado que fue "legal". En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' ha afirmado que "en el momento que vio que suponía un problema" decidió devolverlas y ha añadido: "No todo el mundo lo ha hecho". Barcina devolvió los 68.000 euros cobrados en dietas por su pertenencia a los órganos rectores de Caja Navarra. "Hay que reconocer lo que no es correcto y aquello que la ciudadanía no entiende", ha manifestado Barcina, quien cree que los políticos deben hacer un esfuerzo por ser más transparentes.

En el Parlamento de Navarra la mayoría de los grupos políticos -excepto UPN y PP- ha pedido la dimisión de la presidenta del gobierno foral, Yolanda Barcina por el cobro de dietas de Caja Navarra. Barcina anunció ayer que devolvería esas dietas.

La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, ha anunciado que devolverá las dietas que cobró de Caja Navarra. Lo mismo van a hacer su antecesor, Miguel Sanz, y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. En total, 150.000 euros que entregarán, han dicho, a la Obra Social de la caja.

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, dice entender "perfectamente" la "perplejidad" de los ciudadanos tras conocerse las "altas" dietas que cobraron algunos políticos navarros por sus responsabilidades en Caja Navarra (CAN). Asimismo, reconoce que la percepción de esas dietas en su caso y en el del expresidente del Ejecutivo foral Miguel Sanz como miembros tanto de la Junta de Entidades Fundadoras de CAN como de la Comisión Permanente de esa junta podía superar en una jornada más de 5.000 euros. "Hace cinco años esas cifras no sorprendían a nadie", argumenta Barcina, que añade que tales dietas se cobraban "no solo por asistir, sino por la responsabilidad" (08/03/13).

La comunidad valenciana pedirá al Fondo de liquidez más de 3.500 millones de euros. Aunque todavía no ha concretado la cifra exacta, será lo más alta posible.

El Gobierno de Navarra habilitará ayudas para que los inmigrantes, que vivan en esa comunidad de forma irregular, sigan recibiendo asistencia sanitaria pública a partir del 1 de septiembre.