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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado en el Foro Iberoamérica, el real decreto que obliga a la banca a pagar el impuesto de registrar una hipoteca. Ante directivos del Banco Santander y La Caixa ha dicho: "La lección que tenemos que extraer de esta semana es que la democracia también es que no paguen siempre los mismos. Por eso -a mi juicio- es tan relevante volver a vincular la prosperidad y la democracia. Incluso esa democracia económica de la cual ya hablaba en el siglo pasado Billy Brandt u Olof Palme. Porque cuanto más justo sea el reparto de la prosperidad más fuerte será la democracia y los pilares que la sustentan."

El exministro de Justicia, Rafael Catalá, ha salido en defensa de su antigua compañera en el Gobierno de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, después de que la ex secretaria general del PP dejara su escaño en el Congreso y su puesto en la Ejecutiva del partido tras la publicación de varias conversaciones que mantuvo con el excomisario José Villarejo: "Ella hacía su trabajo intentando que su casa esté ordenada".

El Gobierno ha aprobado un real decreto para que sea la banca y no el cliente la que asuma el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, tasa que las entidades no podrán deducirse ya que también se ha modificado el impuesto de sociedades. El decreto, que entrará en vigor el sábado tras su publicación mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), modifica el artículo 29 del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que la banca asuma el impuesto.

El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto para que el impuesto de las hipotecas lo paguen los bancos.La medida va a entrar en vigor el sábado y el Gobierno espera contar con un amplio apoyo parlamentario para convalidar el real decreto.

Ignacio González Vega, Portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia ha reconocido el desprestigio de la justicia después del cambio de criterio sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, aunque, dice, "no cabe echar las culpas a nadie más que a los presidentes del Tribunal Supremo y de la Sala de lo Contencioso". También ha asegurado que desde su Asociación consideran que este sería un buen momento para revisar la legislación hipotecaria española, "antes de que Europa nos de un nuevo tirón de orejas". Respecto a la huelga convocada por jueces y fiscales para el próximo 19 de noviembre, y después de la reunión de ayer con la ministra Dolores Delgado, dice que "se nota voluntad" pero que "no han visto materializada ninguna propuesta".

El Gobierno dará luz verde este jueves a un decreto ley con el que, a partir de ahora, serán los bancos y no los clientes quienes pagarán el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados cuando firmen una hipoteca. Según ha dicho el presidente de GESTHA (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), Carlos Cruzado, en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, esta modificación fiscal hará que los más de 450.000 nuevos hipotecados cada año se ahorren, de media, 2.500 euros.

El Consejo de Ministros aprueba este jueves el decreto por el que serán los bancos y no los clientes los que paguen el impuesto de las hipotecas.Entrará en vigor este viernes con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Después tendrá que ser convalidado por el Congreso.

Los continuos cambios en la cuestión de las hipotecas también se han notado en la Bolsa, que ha registrado un repunte con respecto a las jornadas anteriores. Los más de 5.000 millones de capitalización que perdieron las entidades cotizadas se han visto en parte recuperados, aunque las subidas se han enfriado tras confirmarse el cambio en la ley para que los bancos paguen el impuesto.

La crónica de estos 20 días de incertidumbre en el mercado hipotecario comienza el 18 de octubre. El Supremo acabó con dos décadas de doctrina hipotecaria, daba un giro de 180 grados y cargaba sobre los bancos el ya impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). La Bolsa fue la más rápida en reaccionar: caídas generalizadas y casi 5.000 millones de pérdidas para los bancos al cierre de la sesión. Un día después, la satisfacción de las asociaciones de consumidores se transformaba en estupor con el comunicado del presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez Picazo., quien suspendió la aplicación del fallo argumentando una "grave repercusión económica y social" y convocó el Pleno de la Sala.

Las críticas y el custionamiento público a la independencia del Alto Tribunal llevaron a su presidente, Carlos Lesmes, a admitir que se había gestionado mal. El 5 de noviembre, rodeados de expectación, se reunieron los 28 magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, un pleno a puerta cerrada con rendijas por las que se filtra mucha división entre los jueces. La decisión se discutió durante dos días de intenso debate y tras una ajustada votación (15 a 13) llegó el último y sorpresivo giro de guión: el cliente vuelve a pagar.