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El Supremo ha rebajado la condena que impuso en su día la Audiencia Nacional a Arnaldo Otegi y a Rafael Díaz Usabiaga por intentar recomponer la ilegalizada Batasuna. Les resta tres años y medio con lo que, a Otegi, en principio, le quedan cuatro años más en prisión. Lo que no se modifica es la pena de 10 años de inahbilitación.

Todavía es una investigación judicial. Lo que tenemos es el auto del juez que lleva el caso desde que desparecieron los hermanos, hace hoy siete meses. Allí, hace poco más de una hora, la familia materna, sus amigos y vecinos, se han vuelto a concentrar. Dice el juez que uno de los grandes enigmas de la investigación es porque José Bretón deja a los niños en la tarde del día 7 para ir a la finca de las Quemadas y también por la mañana del día 8. ¿Que va a hacer allí? ¿Que busca? Para el magistrado esas escapadas solo pueden estar relacionadas con los preparativos de hacer desaparecer a sus hijos horas más tarde. Y la incógnita aumenta cuando esa mañana del día de la desaparición, Bretón llega a las once a la parcela en un coche Kia Picanto acompañado de un hombre con el que está un rato fuera y que después se va. Es, dice, como si lo hubiera llevado allí. Por eso, al juez le surge la duda de la intervención de una tercera persona. Alguien que por amistad, o por dinero hubiese ayudado a José en su plan. Un plan totalmente preparado. Desde el 15 de septiembre va hasta once veces a la parcela, e incluso pasa noches enteras estudiando como llevar a cabo su firme decisión: deshacerse de los niños para vengarse y castigar a su mujer por decidir separase.

Juicio en Madrid contra la naviera Costa Cruceros, propietaria del barco que naufragó en Italia el pasado enero. Hoy en Madrid se ha celebrado un juicio contra Costa Cruceros, la naviera del Costa Concordia, el barco que naufragó en Italia el pasado enero. La compañía ha aceptado cambiar algunas cláusulas de sus contratos que, según la Confederación de Consumidores, eran abusivas y podrían perjudicar a los afectados por el accidente a la hora de reclamar.

José Bretón, el padre de los menores de 2 y 6 años desaparecidos en Córdoba, ha sido procesado por el juez de instrucción número cuatro de la capital cordobesa, José Luis Rodríguez Lainz, por dos delitos de detención ilegal.

En la Audiencia Nacional, se han reanudado los interrogatorios del caso Gürtel, de la parte en la que se investiga la adjudicación de contratos de la radiotelevisión pública valenciana a empresas de la trama durante la visita del Papa a Valencia.Tanto el supuesto cabecilla de la trama como su número dos se han negado a declarar.

En la base estadounidense de Guantánamo se ha iniciado hoy el proceso judicial contra el presunto cerebro de los atentados del 11-S y otros cuatro cómplices. Pero la vista de hoy que sirve para preparar el juicio contra Jalid Sheij Mohamed, ha levantado una expectación inusitada.

Arranca en Las Palmas uno de los procesos más importantes en España por abusos sexuales a menores, el llamado "caso Kárate". En la vista se ha acordado que las declaraciones de los imputados, que se han declarado inocentes, serán públicas. El presunto cabecilla, Fernando Torres Baena, excampeón de España de kárate, se enfrenta a una pena de más de 300 años de cárcel. El juicio durará ocho meses en los que declararán 66 víctimas y 188 testigos. Por su complejidad y volumen, hay juristas que lo comparan con el juicio del caso Malaya

José Bretón, padre de los dos hermanos desaparecidos en Córdoba, comparecerá este miércoes por tercera vez ante el juez instructor del caso para aclarar puntos contradictorios entre su versión y la investigación, según fuentes judiciales.

El Gobierno ha diseñado un plan para facilitar la reinserción de presos que se desvinculen de los grupos terroristas a los que pertenecen. Incluiría a un millar de reclusos, entre presos de ETA, de los Grapo o de grupos yihadistas. Tanto el presidente del Gobierno como el ministro del interior han insistido en que ese plan no incluye beneficios penitenciarios.

El ex presidente balear, Jaume Matas, ha logrado paralizar, en el último momento, la subasta de tres inmuebles de su propiedad, después de llegar a un acuerdo con el Banco de Valencia. Con ellos avaló el préstamo que la entidad le concedió para pagar una fianza millonaria en el caso Palma Arena.