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El serbio Norbert Feher ha reconocido este domingo los asesinatos de dos guardias civiles y de un vecino de Andorra en su declaración ante la jueza de guardia de Alcañiz, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Las mismas fuentes han informado de que la jueza de guardia de Alcañiz ha decretado el secreto de sumario sobre las diligencias abiertas por los asesinatos de los dos guardias civiles y el ganadero de la población turolense de Andorra al término del interrogatorio del detenido, que se ha prolongado en el juzgado durante 5 horas.

El serbio Norbert Feher, buscado por la Interpol por varios asesinatos en Italia y detenido como presunto autor de tres muertes en Teruel, ha aceptado ser entregado a Italia, aunque esta entrega no se ejecutará hasta que cumpla con las responsabilidades penales que tiene en España. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha tomado declaración la mañana de este domingo por videoconferencia a Norbert Feher, conocido también como Igor Vaclavic o Igor el Ruso, que se encuentra en los juzgados de Alcañiz (Teruel) tras su detención la madrugada del viernes en una zona entre los municipios turolenses de Cantavieja y Mirambel, por la que huía tras la muerte a tiros de dos guardias civiles y un ganadero.

La Audiencia de Barcelona ha anulado el pacto entre el fiscal y Oriol Pujol y deberá ira a juicio. El juez no acepta el acuerdo de conformidad en el 'caso ITV' porque no ha sido firmado por todos los acusados. El hijo del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, está acusado de utilizar su peso político, cuando era 'número dos' de la extinta Convergència, para favorecer a empresarios amigos en la adjudicación de estaciones de ITV y para conseguir comisiones que su mujer cobraba con facturas falsas.

El primer juicio del caso de los ERE arranca este miércoles 13 de diciembre en la Audiencia de Sevilla con 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el banquillo, entre ellos, los expresidentes socialistas de esta comunidad, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y siete exconsejeros. Están acusados de crear y mantener un sistema de concesión ilegal de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que presuntamente permitió un "reparto discrecional" y "arbitrario" de cerca de 855 millones de euros de dinero público a través de la Consejería de Empleo entre 2000 y 2011, según la instrucción.