- Acusaban a un proveedor de Internet por permitir descargarse sus películas
- El juez afirma que la piatería es un problema, pero no impedirla no es delito
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Internet se ha convertido en un campo de batalla a causa de la controvertida regulación de las descargas ilegales anunciada por el Gobierno. De un lado, la industria cultural y del entretenimiento estima que la piratería en Internet les supone unas pérdidas de cinco mil millones de euros anuales. De otro lado un amplio sector de usuarios, profesionales artistas y otros empresarios aseguran que la industria creativa nunca ha estado tan viva gracias a Internet y ponen como ejemplo el incremento de recaudación del cine español. (30/01/10).
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El ex presidente del Gobierno Felipe González ha pedido hoy martes en Los Desayunos de TVE a los internautas "una alternativa" para defender la propiedad intelectual sin alterar la libertad de acceso a la Red.
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Un juez de la Audiencia Nacional podrá cerrar los contenidos de páginas web con descargas ilegales. Es la medida aprobada por el gobierno para luchar contra la piratería en Internet. El juez podrá decidirlo en un máximo de cuatro días. En cualquier caso, no entrará en vigor, al menos, hasta después del verano.
El Gobierno espera que este punto de partida sea favorable tanto para los internautas como para los creadores.(08/01/10)
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El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha explicado que con la Ley de Economía Sostenible se ha establecido un procedimiento ágil, eficaz y con las máximas garantías para los derechos que puedan estar en conflicto, por un lado el derecho de propiedad intelectual y por otro los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la información.(08/01/10)
El autor de una obra que se sienta perjudicado tendrá que denunciarlo a la comisión de propiedad intelectual. Será ésta la que lleve la denuncia a la Audiencia Nacional. El juez tendrá cuatro días para escuchar al autor de la obra y al titular de la web y resolver.
El Gobierno modifica la norma "antipiratería" incluida en el anteproyecto de ley de Economía Sostenible. El nuevo texto deja en manos del juez el cierre o bloqueo de páginas web.
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