La cifra obtenida en la lucha contra el fraude en 2016 fue un 5% inferior a la del anterior ejercicio y llegó hasta los 14.883 millones de euros. Pero la Agencia Tributaria recalca que, si no se tienen en cuenta los expedientes extraordinarios, hubiera supuesto un aumento de casi el 15%. Además, la deuda pendiente de cobro se redujo en más de 3.400 millones de euros, hasta los 45.800 millones, el mayor descenso de la serie. La Agencia Tributaria destaca también los más de 24.000 "peinados" o visitas presenciales para detectar economía sumergida, de las que casi la tercera parte iba orientada a descubrir alquileres opacos. Aumenta el control sobre los que no cumplen con la limitación de pagos en efectivo y las unidades de auditoría informática incrementaron también sus actuaciones de inspección.
Álvaro Nada, ministro de Energía, explica las subidas del precio de la electricidad. Cristóbal Montoro, de Hacienda, pide apoyo para aprobar los presupuestos. Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, da cuenta de las consecuencias del temporal de la semana anterior.
Tras las afirmaciones que hizo Santi Vidal, juez y exsenador por Esquerra Republicana Catalunya (ERC), sobre los datos fiscales que posee el Gobierno catalán obtenidos "de forma ilegal", el Ejecutivo de Puigdemont ha negado tales afrimaciones, asegurando que no ha obtenido ningún dato de ningún ciudadano de forma ilegal, y afeando a Vidal que entorpezca el "proceso" catalán por sus palabras.
El juez Santiago Vidal ha dejado su escaño como senador de ERC tras hacerse pública una conferencia en la que señaló que la Generalitat catalana conocía "de forma ilegal" los datos fiscales de los catalanes y que, además, existe una partida oculta en los presupuestos para apoyar el proceso independentista. Desde la Generalitat han desmentido estas afirmaciones y aseguran que "hacen daño" al "proceso" soberanista. La oposición catalana ha pedido al Ejecutivo catalán que comparezca en el Parlament para dar explicaciones.
El ministro de Hacienda ha pedido altura de miras a los grupos políticos para sacar adelante los Presupuestos de 2017. Montoro ha planteado que la dificultad para aprobar las cuentas del Estado pueda obedecer a "razones políticas propias" o internas de los partidos.
