España es uno de los países con más becarios de Europa. Por eso, el Gobierno considera que es hora de regular su situación para evitar fraudes, y hoy mismo se reunirá con los agentes sociales para pactar un "Estatuto del Becario". El objetivo de esta norma, contamplada en la reforma laboral y que desde hace años tiene el aval del Congreso, es que las empresas faciliten material a quienes hacen formación y que la Seguridad Social les proteja como es debido.
Yolanda Díaz. La dama roja es el nuevo libro de Manuel Sánchez y Alexis Romero. Periodistas del diario Público, emprendieron hace un año la tarea de retratar a la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno. La razón la explica claramente Sánchez: "Yolanda Díaz está llamada a ser el personaje político más importante de este país en los próximos dos años". Cuentan que se trata de un "libro fundamentalmente periodístico", con testimonios de cincuenta personas. Ambos coinciden en que la conversación que más les impactó fue la que mantuvieron con Suso Díaz, histórico sindicalista y padre de la vicepresidenta. "Creo que le ha dejado mucha impronta", afirma Romero. De ella, destacan dos características: la capacidad de negociación y el optimismo. Ante los reproches por la falta de críticas, dice Sánchez que "todo lo que se sostiene en el libro está sacado de testimonios, no hay ninguna opinión personal". "Hay un capítulo íntegro que solo cuenta fracasos electorales", añade Romero. Sobre la plataforma política de izquierdas que Yolanda Díaz ha planteado en diversas ocasiones, consideran que "tiene tirón para hacerlo", aunque reconocen que será difícil unir a las diferentes fuerzas políticas.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el viernes convocará la mesa de diálogo social con el fin de “regular por primera vez el estatuto de los becarios en España”. “Hay que eliminar las fórmulas de falsos becarios que en realidad ocupan puestos de trabajo estructurales” y que suponen “una de las lacras de la precariedad”, ha dicho en La Hora de la 1 de TVE.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que la reforma laboral que ha entrado en vigor este mes de abril "no toca nada relativo a la jornada laboral y mucho menos al descanso". La ministra ha dicho, al ser preguntada por la preocupación de los caseteros andaluces que temen no poder cumplir los descansos de doce horas entre jornadas, que es una "fake news" y algo "radicalmente falso". La ley que establece 40 horas a la semana, ocho horas al día, lleva en España desde 1919, ha señalado la ministra y el descanso semanal lleva desde el antiguo estatuto de los trabajadores. Los caseteros que preparan estos días la Feria de Abril de Sevilla habían mostrado su preocupación.
Foto: Unos hombres comienzan con el desmontaje de las casetas en el recinto de la Feria de Abril de Sevilla en 2020. EFE/ José Manuel Vidal
El mercado laboral español siguió creando empleo en marzo, pese a la incertidumbre provocada por la guerra en Ucrania, aunque a menor ritmo que en los meses anteriores. España ha sumado en el tercer mes del año 140.232 afiliados medios a la Seguridad Social, lo que supone el mejor dato de toda la serie histórica: 19,83 millones de afiliados; mientras que el número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha caído en 2.921 personas, hasta los 3,1 millones, la menor cifra registrada desde marzo de 2008.
Foto: Un hombre entra en una oficina de empleo en Madrid. EFE/Mariscal.
Este jueves entra en vigor la reforma laboral, después de los tres meses que el Gobierno dio a las empresas para adaptarse a la nueva legislación. Ya no se podrán hacer contratos por obra y habrá que justificar la causa para contratar de forma temporal.
La ley busca reducir la tasa de temporalidad en España - que superó a finales de 2021 el 21%-, generalizando la contratación indefinida. En febrero, no de cada cinco contratos firmados fue indefinido. En los dos últimos meses, se han firmado más de medio millón. Foto: EFE
A partir de hoy entran en vigor las novedades legales de la reforma laboral, centradas en luchar contra la temporalidad en el mercado de trabajo nacional. En adelante, la contratación temporal quedará reducida a los momentos en los que las circunstancias de producción así lo requieran. Por un lado, en caso de que sean previsibles como en los periodos de rebajas, las empresas podrán hacer contratos de máximo tres meses. Sin embargo, cuando no puedan preverse, el máximo será de seis meses.
España se ubica a la cabeza del ranking de la temporalidad de la Unión Europea, como explica Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, en Las Mañanas de RNE. Las empresas privadas alcanzan cifras que rondan el 25% y la administración pública no queda indemne. "Es algo que se tiene que reducir", señala Ercoreca, y añade que todas las empresas "deben cumplir con la normativa, con el Estatuto de los Trabajadores y con esta reforma laboral que parte de la premisa de la presunción de un contrato indefinido”.
Respecto a la huelga establecida y recientemente parada por el sindicato, señala que darán un plazo de tres meses para estudiar las medidas y vigilar “que se cumpla el acuerdo de refuerzo”, que ya fue obviado el pasado 7 de julio. Y destaca que sin reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social "no se va a lograr acabar con la temporalidad fraudulenta".
España ha tardado once años en ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para mejorar los derechos de las empleadas del hogar. Una medida que el país estaba obligado a cumplir tras la sentencia sobre este tema dictada por el Tribunal de Justicia Europeo. Tal y como anunció ayer Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, el Gobierno tiene previsto hacerlo hoy, en el Día Internacional de este colectivo, que reúne en nuestro país a más de medio millón de trabajadoras. Su principal reclamación es lograr el derecho a prestación por desempleo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado este martes cuáles son las medidas con respecto a la protección social y el empleo del plan de choque que ha elaborado el Gobierno para hacer frente a los daños económicos derivados de la guerra en Ucrania.
Ha asegurado que el plan de choque tiene como objetivo asegurar la empleabilidad, especialmente de jóvenes y mujeres. Por ello, ha incorporado dos nuevas situaciones en las que estará prohibido despedir. Así, no podrán hacerlo las empresas que han acudido a los ERTE ni tampoco los empleadores con la excusa del encarecimiento de la energía. Ha asegurado que, en estas situaciones, el tejido empresarial dispone de ayudas públicas para evitar los despidos.
En esta línea, ha recordado la eficacia de las medidas tomadas durante la pandemia, como los ERTE. Ante la actual situación, ha mandado un mensaje a los empresarios y empresarias del país: “En las crisis, cuando hay mecanismos de protección social, no hay que despedir”.
El sector de la pesca lleva amarrado desde el lunes 21 de marzo, y este miércoles tiene un encuentro con el Ministerio de Trabajo: “Tenemos muchas esperanzas en esta reunión y esperamos que nuestra ministra entienda que la sostenibilidad del sector está en sus manos. Le pedimos que no nos deje ir a pique”, ha explicado José Basilio Otero, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores.
Los pescadores amarraron sus barcos este lunes por los elevados precios del gasoil, que supone entre el 20 y el 30% del gasto mensual de la flota en situación normal, con un precio de 40 céntimos por litro. Sin embargo, ahora, pagándolo a 1,25 euros, supone hasta el 80% del gasto. Así, ante este encarecimiento, demandan medidas inmediatas, como han hecho en Francia, porque “no pueden esperar más”. “Estamos con el agua al límite y este miércoles tenemos que poner el tapón definitivo para no ir a pique”, ha aseverado.
Con respecto al tema del Sáhara Occidental, están “expectantes” sobre los posibles efectos que pueden tener sobre el sector de la pesca, si les afecta o no.
Ha abogado por concienciar a la población y “hacer más divulgación” sobre la labor de los pescadores y el riesgo que supone su profesión. Por otro lado, “es prioritario y urgente arreglar el problema del transporte”, ha asegurado. De este modo, ha hecho una petición unánime del sector pesquero al Gobierno y ha solicitado que les escuche: “Al final, son trabajadores como nosotros; a nosotros nos gusta ir a la mar, y a ellos, conducir su camión”.
Los inspectores de Trabajo han protestado este martes para exigir al gobierno más medios técnicos y un incremento de la plantilla. Denuncian que en España hay un inspector por cada 15.000 trabajadores, la mitad que la media europea y tres veces menos que en países como Francia. Para el próximo 30 de marzo han convocado la primera huelga de 24 horas de la historia de todo el colectivo.
Desde Trabajo y Hacienda insisten en que todo está en marcha para que esas mejoras lleguen, pero que el proceso es lento, pero se han cansado de esperar. Califican la situación de insostenible y por eso, una plataforma sindical compuesta por ocho organizaciones ha convocado la primera huelga de la historia de todo el colectivo de la inspección de trabajo para el próximo 30 de este mes.