El Consejo de Ministros aprobó el viernes que el ICO ofrezca créditos a los ayuntamientos para reducir su morosidad. El dinero, 3.400 millones de euros, servirá para pagar las facturas que los consistorios deben a empresas de menos de 250 trabajadores. La medida no gusta a todos los alcaldes. Xavier Trías, alcalde de Barcelona, ha dicho que lo que necesitan "no son parches, es un nuevo sistema de financiación local". Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar (Almería), asegura que "es pan para hoy y hambre para mañana".
Los créditos los ofrecerá directamente el ICO hasta un máximo del 25% del importe anual que cada municipio recibe del Estado. Una medida que aplauden autónomos y pymes, aunque con cautela. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, subraya que no sabe "si va a haber discrecionalidad, se va a tratar a todo el mundo por igual o se va a beneficiar a unos sobre otros". Ellos piden que se dé prioridad a las facturas más antiguas y a las más pequeñas, de menos de 100.000 euros, para evitar que una sola empresa se lleve todo el crédito.
Los ayuntamientos tendrán tres años para devolver el dinero: de no hacerlo se les descontará de lo que el Estado les anticipa para hacer frente a sus pagos. Autónomos y empresas calculan que las administraciones públicas les deben cerca de 30.000 millones de euros. De ellos, casi el 80% son deudas de los consistorios.
