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El ministro de Interior Fernando Grande-Marlask ha afirmado que ya son 60 las denuncias de pinchazos que analizan las Fuerzas de Seguridad con el objetivo de determinar "qué hay detrás": si se trata de un fenómeno de sumisión química para cometer un delito o si lo que se persigue es crear una "sensación de inseguridad".

Dos policías que violaron a una chica de 18 años y un empresario que violó a una jornalera evitan la cárcel por 6.000 euros y un curso de educación sexual. Se trata de dos acuerdos de conformidad en los que la víctima colabora, entre otros motivos, para poder olvidar y seguir adelante. Marisa Soleto, jurista y directora de la Fundación Mujeres, asegura que estos acuerdos son más habituales de lo que parece: “Cuando la justicia es demasiado lenta se obliga a las víctimas a volver a recordarlo durante años y esto hace que lleguen a acuerdos de conformidad como estos, lo que quieren es pasar página”.

Sobrelos cursos de educación sexual, la presidenta de la Fundación reconoce su importancia como medida de prevención, antes de que se haya cometido el delito: “En este caso, estos cursos están siendo utilizados para que los condenados no se vayan de rositas y devuelvan algo a la sociedad, pero no sabemos su efectividad cuando el delito ya se ha cometido”. Soleto subraya que estos acuerdos dan una sensación de impunidad y que la condena judicial y social debería ser contundente y compartida:"Se genera una imagen de que violar a una mujer sale muy barato en España".

Desde la Fundación Mujeres esperan que la aprobación de la ley 'solo sí es sí' produzca cambios de carácter judicial y ponga el consentimiento de las mujeres en el centro: “La ley actual presta mucha atención en los medios coercitivos y por lo tanto preguntan mucho sobre cuál fue el comportamiento de la víctima, si se resistió lo suficiente. Esperamos que con esta nueva ley se le pregunte mucho más al agresor, que sean ellos los cuestionados sobre si se cercioraron de que contaban con el consentimiento de la víctima”. Respecto a la oleada de pinchazos en discotecas, asegura queindudablemente son agresiones a mujeres, a pesar de que no exista una sumisión química: “Produce una situación de miedo y clarísimamente lo podemos clasificar como un factor de violencia de género”.

El interés de la sociedad por el deporte femenino es una realidad. La última Eurocopa femenina de fútbol que ha emitido RTVE ha tenido 1,4 millones de espectadores en los partidos de España, con picos de casi 5 millones a pesar de no superar los cuartos de final. ¿Ha venido para quedarse? Los más pequeños cada vez tienen más referentes femeninos, algo que se traduce en un aumento de las fichas de distintos deportes tanto a nivel profesional como amateur. Lo cuenta Antía André.

Hoy, en Por tres razones, en nuestra sección "La Historia más Real" con Carmen Sanz Ayán, académica de la Real Academia de la Historia, hablamos de María Luisa de Orleans y Mariana de Neoburgo, las dos mujeres de Carlos II, El Hechizado. "María Luisa era una mujer formada en el gusto francés, le gustaba la caza y el baile. También se dice que nunca se metió en política. Lo que sí hizo fue cumplir una función de enlace entre los países". En el caso de Mariana, se creía que venía de una famila de mujeres con garantía procreadora: "Pero tampoco se pudo quedar embarazada. Al principio se cree que pudo tener embarazos psicológicos por la presión que tenía en la corte".

Un mes después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogase el derecho al aborto, ya hay ocho estados que lo han prohibido desde el primer momento del embarazo. En otros, como Kansas, han sido los ciudadanos quienes han votado a favor de proteger ese derecho. La interrupción del embarazo será uno de los asuntos clave en la campaña de las legislativas del mes de noviembre. 

Otros cinco estados sólo lo permiten en las seis primeras semanas, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas. Y en otros, las clínicas ya están cerrando. El fiscal general intenta parar la última ley de Idaho, allí los médicos podrían ir cinco años a la cárcel si practican un aborto, incluso si es porque la madre corre peligro. En Kansas han votado y han decidido mantener el derecho a abortar. Una sorpresa en un estado conservador que lleva más de medio siglo eligiendo presidentes republicanos.

Recientemente hemos conocido tres casos diferentes de violencia sexual que se han visto resueltos de la misma forma: con una multa económica, la asistencia a cursos de educación sexual o de reeducación conductual y, en todo caso, servicios a la comunidad. Un acuerdo al que, como ha explicado la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Inés Herreros, acceden en muchas ocasiones las víctimas por no tener que sufrir la segunda victimización que supondría tener que someterse a un proceso judicial.

Herreros ha señalado que el problema se encuentra en que, en lugar de revisar cómo reaccionan las víctimas y por qué lo hacen, “deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad en materia de libertad sexual”. Analizando temas tan relevantes como la educación de las nuevas generaciones, la normalización de las vejaciones hacia las mujeres por sus conductas sexuales o la tolerancia hacia la violentación de las mujeres que se percibe en la pornografía, por ejemplo.

La presidenta de la UPF ha remarcado que debemos dejar de responsabilizar a las víctimas y de juzgarlas por sus decisiones y, sobre todo, “cambiar el foco, que deje de estar en las mujeres y ponerlo en qué está pasando para que haya hombres que cometan este tipo de delitos”.

En los últimos días, se han conocido varios casos de agresiones sexuales a mujeres que se han cerrado sin pena de prisión. La magistrada Concha Roig, de Jueces y Juezas por la Democracia, explica en el Canal 24 Horas que esto ocurre cuando las partes implicadas, esto es, el Ministerio Fiscal, la acusación particular y la defensa, llegan a un acuerdo. Según Roig, entre las razones para esos acuerdos está la "el tener la tranqulidad de que se obtendrá una pena condenatoria, aunque sea inferior y la certeza para la víctima de que nadie dudará de su denuncia y de que no se dilete más el proceso".

FOTO: Gettyimages

Es agosto, temporada de vacaciones, fiestas y verbenas... En algunas comunidades donde se celebran ahora, como el País Vasco, se preparan para evitar casos de pinchazos como los que se han denunciado en los últimos días.  La Ministra de Justicia ha recordado que, les inyecten algo o no a las víctimas, estas agresiones son delito.

Foto: Getty

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha llamado este miércoles a las mujeres que están sufriendo pinchazos en locales de ocio o fiestas a denunciarlo y ha recalcado que el pinchazo en sí supone ya un delito de lesiones, "un hecho grave de violencia contra la mujer", porque se les está expulsando de espacios públicos.

En una entrevista en La hora de la 1, Llop ha subrayado la importancia de que las víctimas acudan rápidamente a un centro médico para que se le pueda hacer un análisis y pongan denuncia, porque sin ella será "muy difícil" conocer el patrón que siguen los autores, su finalidad, y quedarán impunes.

La discriminación contra las mujeres gitanas sigue presente a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Más de 70 de estas jóvenes han pasado este año por la asociación de mujeres gitanas Romi Serseni para recibir formaciones adaptadas a su perfil, anhelando las mismas oportunidades que el resto.

El objetivo del programa es encontrar un empleo, pero también favorecer el retorno al sistema educativo. "Que vuelvan a capacitarse, a seguir mejorando, porque como nosotros decimos siempre, la educación es el verdadero ascensor social para salir de la rueda de la pobreza"", cuenta la directora General de Integración de la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid

La Comunidad Valenciana, Andalucía, Asturias se han sumado a la lista de comunidades en las que se están investigando casos de pinchazos en espacios de ocio nocturno. Hay cerca de medio centenar de denuncias, sobre todo en Cataluña y País Vasco. La situación empieza a extender el miedo. Los investigadores y los expertos creen que es poco probable que estén inyectando alguna sustancia

FOTO: EFE/ Doménech Castelló