Un vecino de Badalona que observó el incendio de la nave ocupada cuenta a TVE que varias personas saltaron por las ventanas para huir del fuego. Al menos dos personas han fallecido en el suceso pero los bomberos no pueden entrar hasta comprobar si hay daños estructurales en el edificio industrial abandonado. El testigo afirma que muchos salieron por su propio pie y que la convivencia con los vecinos era buena, en general, aunque había mucha basura.
El presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacado que el incendio en una nave ocupada en Badalona es "una tragedia encima de la miseria económica". En una entrevista íntegra en La hora de la 1, Aragonès ha detallado que además de las dos personas fallecidas puede haber más atrapadas y que es "clave poder entrar" pero explica que antes de que los bomberos puedan acceder al interior hay que realizar la valoración de los daños estructurales. Cifra entre 70 y 150 los ocupantes de la nave y garantiza que "esas personas serán acogidas por los servicios sociales y tendrán a su disposición los servicios de vivienda".
El portavoz de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, Carlos Ortiz, ha explicado en 'Las mañanas de RNE' que es muy probable que tarden más de un día en acceder a la nave incendiada este jueves en Badalona en la que han fallecido, al menos, dos personas. "Es muy complicado acceder al interior porque hay un riesgo de colapso estructural. Tendrán que acceder milímetro a milímetro y estableciendo itinerarios seguros. Será una tarea muy complicada".
Desde hace meses multitud voces alertan de la ocupación como una amenaza cercana y en preocupante aumento. Políticos, compañías de alarmas, grupos vecinales de autodefensa frente a la supuesta desprotección de los propietarios, confinados por la pandemia. Medios de comunicación con horas de directos en urbanizaciones de lujo devastadas por okupas. En Radio Nacional hemos querido conocer mejor el problema y escuchar también a los que optan por ocupar una casa que no es suya. Una investigación de Luisa Pérez, con la realización deJuan Morello.
La pandemia deja en las últimas horas 8 fallecidos y 296 nuevos positivos en la provincia. Sanidad ha levantado las medidas especiales aplicadas en Toledo capital. Hoy también se manifiestan los profesionales sanitarios frente al Hospital Virgen de la Salud para reclamar mejoras en las condiciones laborales.
Hoy se reanuda la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la región. Se van a debatir y votar las resoluciones presentadas por los tres grupos parlamentarios. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, finalizaba su intervención anoche pidiendo ayuda al PP y Ciudadanos para sacar adelante la región de la crisis derivada de la Covid-19.
Los vecinos de la urbanización Eurovillas, en Madrid, se han organizado para tapiar puertas y ventanas de casas vacías que han sido o pueden ser okupadas. Han contado 50 viviendas con inquilinos ilegales, de las casi 4.000 que hay. Prácticamente todas, cuentan, son propiedad de bancos.
También denuncian que los okupas funcionan como mafias y que les piden incluso dinero a cambio de dejar el vecindario. Sin embargo, cada caso de ocupación es distinto. Ruddy, es un joven cubano sin permiso de residencia y se ha visto obligado a ocupar muchas veces sin ocasionar problemas.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha presentado en una visita a Badalona, junto al alcalde de este municipio, Xavier García Albiol, y junto al presidente de este partido en Cataluña, un proyecto de ley para "erradicar la okupación ilegal de viviendas" registrado en el Congreso de los Diputados. Un proyecto que consta de cinco puntos: que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una vez denunciada la okupación, puedan desalojar el inmueble en doce horas, recuperar las penas de prisión de uno a tres años por okupación ilegal, que los okupas no se puedan empadronar, que las comunidades de propietarios puedan actuar frente a la autoridad judicial y que las personas jurídicas tambien puedan iniciar los procedimientos de desalojo.
Ha dimitido en bloque el equipo directivo del Instituto de Educación Secundaria Juan D'Opazo de Daimiel, en Ciudad Real. Argumentan que no están en condiciones de garantizar la seguridad de los alumnos y de los profesores para evitar los contagios para evitar los contagios de coronavirus.
Informativo Provincial de Salamanca dirigido por Jesús Riesco.
La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha anunciado que dictará una instrucción para definir cómo hacer frente a los delitos relacionados con la ocupación de viviendas.
Las ocupaciones de viviendas han aumentado durante la crisis sanitaria. Por esta razón hablamos con José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, que nos explica cómo se encuentra la situación en la actualidad, por qué es tan importante denunciar la situación en las primeras 48 horas o cómo debe actuar la justicia: "La ley debe cumplirse".
Un grupo de vecinos de la localidad catalana de Premià de Mar han atacado con piedras e insultos un piso ocupado por jóvenes migrantes. Los asaltantes entraron con extintores y lograron echar a los okupas. Los vecinos lllevaban cinco años denunciando que el piso estaba ocupado y que la convivencia era insoportable. El alcalde defiende que no se trata de un ataque racista: "Cuando alguien se queja de que están robando, no lo hacen por el color de piel, sino porque se está robando".
La Fiscalía de Baleares ha aclarado que, si el delito es claro y evidente, las autoridades podrán desalojar a los okupas e incluso detenerlos si es necesario. El problema de las okupaciones en las Baleares va en aumento, también en viviendas que no estaban vacías.
El cardenal Konrad Krajeswski, responsable de caridad del Vaticano, ha desprecintado los contadores de la luz para devolver la electricidad a un edificio ocupado por unas 450 personas. Nombrado limosnero apostólico en 2013, Krajeswski gestiona la caridad del Vaticano y desde entonces los sin techo le llaman Don Corrado cuando les trae cenas y mantas. La compañía cortó la electricidad hace ocho dias porque los okupas deben unos 300.000 euros, aunque no está claro si es solo por su consumo o ya arrastraban deuda de cuando el edificio fue sede de un ente público.
