Las defensas de los líderes independentistas que se sientan desde este martes en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo por el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia han puesto en duda la celebración del propio juicio del procés alegando que es una causa contra la "disidencia política" y han criticado la falta de imparcialidad, en su opinión, de los magistrados de la Sala Penal, a los que han pedido que "hagan de jueces" y "no de salvadores de la patria" en la exposición de las cuestiones previas.
El abogado defensor de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van Den Eyden, ha asegurado ante el tribunal en el arranque del juicio del procés que se han vulnerado sus derechos y que ha habido "trato degradante" en el traslado de los presos.
Mientras, el defensor de Joaquim Forn ha alegado indefensión y falta de garantías. Nos lo cuenta Verónica Muñoz desde el Tribunal Supremo.
En poco tiempo comienza el traslado de los nueve políticos catalanes que se encuentran en prisión preventiva por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia. Se les conducirá desde las prisiones de Soto del Real y Alcalá Meco hasta el Supremo donde comienza uno de los juicios más trascendentales de nuestra historia reciente.
Durante los próximos tres meses lo que está previsto que dure la fase oral, los siete magistrados del Supremo que conforman el tribunal del juicio del procés escucharán a más de 500 testigos también a los 12 encausados.Sobre ellos pesan peticiones de condenas de entre siete y 25 años de prisión por un abanico de delitos que van desde la malversación hasta la rebelión.
Las acusaciones del juicio del 'procés' atribuyen a los doce líderes independentistas que se sientan en el banquillo del Supremo hasta cinco delitos: rebelión, sedición, malversación, desobediencia y organización criminal. Los dos primeros son los que suponen penas más altas de cárcel y es ahí donde ha estado la principal discrepancia entre la Fiscalía, que ve rebelión al argumentar que hubo "violencia" y pide penas por este delito que van desde los 16 a los 25 años de prisión. La Abogacía del Estado, en cambio, no cree que se les pueda acusar de rebelión y pide penas de 8 a 12 años por sedición.
Andreu Van Den Eyden, encargado de las defensas de Oriol Junqueras y de Raül Romeva, habla con Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso a pocas horas del inicio del llamado 'juicio del procés'. El abogado ha afirmado que "nosotros estamos preparados desde el primer día para afrontar el interrogatorio", refiriéndose al esperado interrogatorio a Junqueras. "Tenemos serias dudas de que no exista un sesgo en favor de la tesis de la acusación", pero que aún así, "afrontamos el juicio con voluntad de convencer" y esperando la que, dice, sería "la única sentencia valiente" por parte del Tribual Supremo, "que sería la que rompería lo que parece que todo el mundo da por sentado, la sentencia de condena".
El Parlament catalán aprobó el 6 y 7 de septiembre de 2017 las leyes del referéndum y de transitoriedad a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional. Este es uno de los hechos que se juzgarán en el junto a la multitudinaria protesta del 20 de septiembre frente a la Consellería de Economía y la celebración del propio referéndum en sí el 1-O.
La Sala de lo Penal del Supremo es la encargada de juzgar a los doce líderes independentistas que se sientan en el banquillo del alto tribunal. Está formada por siete magistrados, seis hombres y una mujer. Está integrada por su presidente, Manuel Marchena, que no está adscrito a ninguna asociación judicial al igual que Andrés Palomo; por Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Andrés Martínez Arrieta, que pertenecen a asociaciones consideradas conservadoras; y por Luciano Varela y Ana Ferrer, que están adscritos a una de perfil progresista.