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El PSOE, Junts y ERC han llegado a un acuerdo para la ley de Amnistía en un comunicado de once líneas donde las formaciones no concretan qué han tocado de la ley dentro de la enmienda transaccional acordada por las tres formaciones. 

Preguntado por "qué han tocado en relación al terrorismo", el senador de ERC Joan Queralt ha afirmado en 24 horas de RNE con Josep Cuní que del contenido de momento no pueden hablar: "Mantendremos la confidencialidad hasta mañana, que se hará público el texto", ha dicho en la antena de la radio pública. Por tanto, hasta este jueves no se sabrá con exactitud lo que se ha modificado.

No obstante, según fuentes de Junts a las que ha tenido acceso RNE "el texto incluirá los delitos de terrorismo y de alta traición adaptados a los estándares europeos y no al código penal español", ha informado en 24 horas de RNE Rosa Carreño. Asimismo, desde Junts explican que la futura ley recoge "las principales recomendaciones de la Comisión de Venecia" y también según la formación de Puigdemont "se tocaría lo relativo a la cobertura de la ley". Igualmente quedarían también incluidos todos los acusados por el Tribunal de Cuentas. "Dicen que han aguantado su posición hasta el último momento y que por eso votaron en contra hace un mes", explica en RNE la periodista Rosa Carreño, jefa de la redacción parlamentaria. 

Patxi López, portavoz socialista, ha expresado que la ley "da cobertura a todos los que participaron en ese procés", y el PP considera que el acuerdo es una "evidencia de que Sánchez acepta que en Cataluña durante un tiempo no había leyes que cumplir ni sentencias que aplicar". 

Sobre el 'caso Koldo', el presidente del Gobierno ha admitido que es un asunto grave, pero niega que sea un caso de corrupción generalizada y respalda a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El PP, por su parte, ha vuelto a pedir su dimisión.

Y un día después de destituir al número dos de Puertos del Estado, el ministro Óscar Puente no descarta más cambios en Transportes. Foto: Eduardo Parra / Europa Press

Francina Armengol ha dado explicaciones en el Congreso de los Diputados en relación al ‘caso Koldo’. La presidenta del Congreso ha recordado que ni ella ni su gobierno en Baleares aparecen en el sumario y ha cargado contra el PP: “No dejaré que mancillen mi nombre”, ha insistido la socialista. 

En 24 horas de RNE ha estado el exportavoz del gobierno de Armengol y actual portavoz del PSOE en Baleares, Iago Negueruela: “El Ministerio de Fomento nos daba todas las garantías y el contrato fue legal y tramitado exclusivamente por el Servicio de Salud de las Islas Baleares”, ha argumentado cuando ha sido preguntado por Josep Cuní acerca de si tiene constancia sobre la persona del ministerio de Ábalos que les aconsejó comprar las mascarillas a la empresa de la trama del ‘caso Koldo’: “Jamás recibimos ningún tipo de presión ni orden para suscribir el contrato. Lo hemos reclamado y les hemos exigido la devolución por la diferencia de mascarillas quirúrgicas a FFP2 KN95, y hemos verificado y mantenido el material para poder exigirlo”, ha explicado. 

Negueruela ha tirado por tierra el argumento de su homólogo actual del gobierno balear, que sostiene que la Administración de Armengol mandó la reclamación a la empresa tras las elecciones del mes de mayo de 2023: “El 20 de marzo de 2023 mandamos la primera carta de reclamación a la empresa. Por entonces todo el mundo pensaba que seguiríamos en el Gobierno. Si uno lee el sumario se da cuenta que gracias a esto es cuando la trama se pone más nerviosa y se puede seguir mejor el rastro de las personas implicadas”, ha argumentado en RNE.

Dos diputados del PP y del PSOE viajaron a Ucrania el pasado fin de semana cuando se cumplían dos años del inicio de la guerra. Su experiencia allí, lo que se encontraron y lo que les impresionó de la visita se lo han contado a un equipo de este programa.   

El Partido Popular registró ayer en el Congreso de los Diputados una petición por escrito solicitando la “inmediata” dimisión de Francina Armengol, presidenta de la Cámara, por su relación con el llamado ‘Caso Koldo’, donde se investiga las supuestas comisiones irregulares por la compra y venta de mascarillas en la pandemia, entre otros, en un contrato con el Gobierno de Baleares, en aquel momento bajo el mandato de Armengol. Hoy la presidenta del Congreso comparecerá ante los medios de comunicación. En Las Mañanas de RNE, hablamos con Borja Sémper, portavoz y vicesecretario de Cultura del Partido Popular: "Lo que necesitamos son explicaciones, transparencia y que nos cuenten qué pasó.

El Govern balear, presidido por Armengol en el año 2020, adjudicó un contrato por valor de 3,7 millones de euros por la compra de material sanitario a la empresa investigada en el ‘caso Koldo’. Por la relación que mantiene con este caso la presidenta del Congreso, el PP, pide destituir a Armengol como la tercera autoridad del Estado: “Nosotros estamos absolutamente convencidos, por la información que tenemos, de que la acción política de la señora Armengol en el Gobierno de Baleares justifica que no sea la tercera autoridad del Estado”, asegura el popular. "Va a ser la presidenta de una Cámara en la que se van a tratar estos temas, por eso está inhabilitada. Entre otras cosas para votar nada referido a esta investigación y para dirigir los debates en esta materia", insiste Sémper, que cree que "está en otro escenario dirimir las responsabilidades penales".

El portavoz nacional del PP afirma que “nosotros no vamos a la caza de nadie, vamos a exigir transparencia y verdad”, y añade que, ante la Comisión de Investigación propuesta por el Partido Socialista, esto les genera dudas, ya que “el Congreso de los Diputados está presidido por alguien que tiene un interés directo en esta investigación”. Sémper añade que "estamos convencidos, a la luz de las informaciones publicadas, de que el presidente del Gobierno lo sabía, y todo se termina por saber.

El PP ha registrado este lunes en el Congreso su escrito exigiendo la dimisión “cuanto antes” de su presidenta, Francina Armengol, por “limpieza democrática” a raíz de las informaciones sobre el ‘caso Koldo’ relativas a Baleares, comunidad de la que fue presidenta durante la pandemia. A juicio de los ‘populares’, “los hechos no la convierten en víctima sino en presunta colaboradora necesaria de esta estafa”. Vox también exige su dimisión, y desde el entorno de Armengol y en el PSOE defienden a la expresidenta balear.

José Pablo Ferrándiz, director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos, ha analizado en Las Mañanas de RNE el impacto que está teniendo el ‘caso Koldo’ en el Gobierno. Ferrándiz lo destaca como nuevo punto “donde la oposición va a seguir atacando al Gobierno, por lo menos hasta junio, que es cuando llegan las elecciones europeas”, si bien considera que la corrupción suele ser perjudicial para los dos grandes partidos, y que Vox y Sumar podrían verse indirectamente beneficiados. Ferrándiz sostiene que la corrupción “siempre tiene coste electoral”, aunque Ferrándiz apunta que en algunos casos puede afectar más a largo plazo. El director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos cree que hay que ver cómo influye en el desarrollo de la ley de Amnistía y en la aprobación de los presupuestos generales del Estado.

Ferrándiz defiende que la corrupción castiga a los partidos en las urnas según la percepción que tengan los ciudadanos de la economía: “Si es positiva, es cierto que la corrupción suele pasar menos factura”.

En cuanto a las iniciativas políticas del Gobierno, en pausa por los debates alrededor de la ley de Amnistía, Ferrándiz advierte que el Ejecutivo tiene cuatro hitos “fundamentales” estos próximos meses, incluyendo las elecciones vascas y las europeas. En estos comicios, el director de Opinión Pública de Ipsos prevé que el PP saque una ventaja mayor al PSOE que en los comicios del 23J, y la agenda política quedará supeditada al supuesto cambio de ciclo con el Partido Popular. “El hecho de que haya diferentes elecciones de diferente nivel complica mucho el tomar decisiones para los gobiernos, porque parece que siempre están pensando en el corto plazo […] y en las consecuencias que sus decisiones nacionales pueden tener en otros espacios electorales”, sentencia Ferrándiz.