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Ha pasado una década y las menores, víctimas de una red de prostitución en Murcia, tenían entre 14 y 17 años en el momento de los hechos. La mayoría de los condenados, 13 en total, tienen más de 65 años. Un acuerdo con la fiscalía por el retraso indebido del juicio les ha permitido conseguir penas inferiores a 2 años. Las mujeres que captaba a las niñas, previsiblemente, sí irán a la cárcel, pero no lo harán los 7 empresarios que pagaron por sexo con las menores. Algo que las familias tachan de incomprensible. Las víctimas, que provienen de entornos de extrema vulnerabilidad, ni siquiera estaban personadas en el juicio. Para los psicólogos, el desequilibrio de poder, la espera de casi una década y la sensación de impunidad por el resultado final supone un paso atrás, porque ellas vuelven a poner la culpa sobre sus hombros, poniendo en duda del sistema judicial.

La Hora de la 1 ha entrevistado al abogado penalista, Miguel Chacón, sobre el caso de prostitución de menores en Murcia. Este letrado ha afirmado que "no suele ser lo usual en este tipo de delitos, principalmente porque afectan a menores y las penas se suelen disparar en el Código Penal". Aunque desde la reforma del 2015, hay una serie de requisitos en función de los cuales, si se cumplen, se pueden suspender las penas. Entre estos requisitos están: "que no sean reos habituales, que se trate de penas de prisión individualmente considerada, que exista una conducta de abonar esas responsabilidades civiles, reparar el daño o abonar ciertas multas".

Este lunes se ha celebrado una vista para ver si ingresaban en prisión los acusados de crear una red de pornografía infantil en Murcia. Este acto judicial se ha celebrado tras un polémico acuerdo que les imponía penas mucho menores que las que se pedían en un principio. Quien haya tomado la decisión ha rubricado que cinco de ellos no irán a prisión. La Fiscalía recurrirá en dos caso, tanto del principal acusado, el empresario que abusó de cinco chicas, como el del taxista que las trasladaba. Sin embargo, no ha habido decisión sobre una de las captadoras, las llamadas mamis, que buscaba a las chicas en los institutos.

La frontera de Cúcuta entre Colombia y Venezuela es muy permeable. Así lo quiere el Gobierno colombiano para no penalizar aún más a los venezolanos. Pero eso beneficia a las mafias que trafican con menores.

Katherin Crespo cruzó esa frontera hace ocho años. Buscaba libertad y una vida mejor, pero, desesperada, se tuvo que dedicar a la prostitución. Y cayó en una red mafiosa de la que le costó dos años salir: "Me cortaban la cara, me desfiguraban el rostro (...) Y un día decidí ya no más y decidí no ir".

"Verdaderamente están secuestradas, ellas no tienen derecho a nada. Ellos mismos lo dicen, a una niña o una mujer se le puede sacar más dinero que a una bolsa de coca o de perico porque esas las venden de una sola vez, pero a una mujer la pueden explotar muchísimas veces", lamenta Crespo.

Las redes de explotación sexual han sacado por Cúcuta a miles de menores venezolanas para llevarlas a prostíbulos de todo el mundo. Pero otras siguen explotadas en páginas web o en plazas de la ciudad.

Katherin lidera ahora una organización que se dedica a denunciar la trata y ayudar a las jóvenes explotadas a escapar de las redes mafiosas: "Hay muchas y es muy difícil salir de esta situación, pero con que dos o tres lo hagan yo me siento feliz y contenta".

La Fiscalía Superior de Murcia estudia la entrada en prisión de los responsables de una red de prostitución de menores. En el informativo '24 Horas Fin de semana', Marta Latorre, portavoz del colectivo feminista Fuste, ha abordado el caso: "La sensación tal y cómo se ha desarrollado el proceso es muy indignante y de total impunidad. No se ha hecho justicia, difícilmente podemos hablar de justicia cuando emanan sentencias con un sesgo machista tan apreciable".

"La movilización social que está habiendo desde que se conoció la sentencia forzosamente ha provocado estos movimientos en la Fiscalía. No solo es una demanda, sino que buscamos hablar de justicia y de reparación para estas víctimas", ha expresado Latorre. Del mismo modo, ha recalcado que estamos ante una normalización de las prácticas de abuso y de explotación sexual y de violencia contra las mujeres de distintas formas. Escucha la entrevista completa en RNE Audio.

Hace unos días conocimos una decisión judicial: 13 acusados de crear una red de prostitución de menores en Murcia habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía para eludir la cárcel. Estos aceptaron condenas de no más de dos años de prisión e indemnizaciones que no llegaban a los 2.000 euros para las víctimas. Ahora, la Fiscalía se plantea pedir que entren en la cárcel.

Diez años después de que la Policía Nacional desarticulara una red que captaba a niñas de 14 a 17 años para que se prostituyeran, los acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía que los libra de ir a prisión. El tiempo que ha transcurrido ha actuado de atenuante. Además, los hechos juzgados sucedieron cuando no existía todavía la ley que obliga a preconstituir pruebas en el caso de víctimas menores de edad, lo que supone ahora un riesgo de revictimización de estas mujeres. Por todo ello, los 13 acusados, entre "clientes", que han reconocido haber solicitado y pagado por sexo con menores, y proxenetas, acumulan penas tan pequeñas que no tendrán que ir a la cárcel. Una polémica que ha llevado a la Fiscalía de Murcia a plantearse un debate interno para estudiar si puede pedir prisión para las cabecillas de la trama. De todo ello hablamos con Gloria Alarcón, presidenta del Fórum de Política Feminista de Murcia. 

El operativo se ha saldado con registros domiciliarios realizados en localidades de Madrid, Alicante y Lanzarote. Han sido detenidas siete personas por presuntos delitos de trata con fines de explotación sexual, pertenencia a una organización criminal y blanqueo de capitales.

Las víctimas, la mayoría procedentes de Colombia, eran engañadas en su país de origen y una vez llegaban a España las obligaban a prostituirse y a consumir drogas.

Hoy en Por tres razones miramos a quienes viven en la calle, más allá del prejuicio y el paternalismo. Lo hacemos con el escritor y sociólogo Juanma Agulles que, tras catorce años trabajando en un albergue para personas sin hogar, ahora publica su experiencia en el libro Vagabundias. Criminales, vagos, putas y locos en editorial Pepitas de Calabaza.

  • Las víctimas eran captadas con la falsa promesa de trabajar como empleadas de hogar
  • En la operación policial, han detenido a seis personas en la localidad de Arrecife
  • El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, es gratuito y no deja rastro en la factura

Hace 20 años que en Alemania legalizaron la prostitución y 8 que en Francia aprobaron una ley similar a la que el pleno ha tumbado esta semana: con penas de carcel para los proxenetas y multas para los clientes. Nos vamos hasta Francia y Alemania para saber - con ayuda de nuestras corresponsales- qué balance hacen allí de sus leyes. Empezamos en París, Mavi Doñate.  

El Congreso de los Diputados retoma la ley del PSOE sobre la prostitución, que apoyó el PP en la anterior legislatura y que busca castigar el proxenetismo en todos los casos. Ese texto plantea penas de cárcel para los que faciliten la prostitución con ánimo de lucro y también para los que ofrezcan un local, así como multas para los que pagan por sexo. No persigue en ningún caso a la persona que se prostituye. La propuesta divide a los socios de Gobierno: Sumar ya ha anunciado que votará en contra.

Foto: EFE/ Chema Moya