Según los últimos datos de afiliaciones, aún no han hecho el cambio algo más del 50% de las que ya cotizaban, aunque ese porcentaje aumentará porque estos días hay largas colas en las oficinas de la Seguridad Social.
El número de medicamentos excluidos de la financiación pública puede variar en el futuro porque la lista se revisará periódicamente. El objetivo es ahorrar 458 millones de euros. Sanidad ha rechazado dar tiempo para analizar esta medida como pretendía País Vasco y Andalucía o para aplicar el nuevo copago farmaceútico que empieza el domingo. Los sindicatos regitran ante el Defensor del Pueblo una queja contra la reforma santiaria.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado este lunes que actualmente hay unas 200.000 personas en España que no están pagando por sus medicinas porque utilizan la tarjeta de un pensionista para adquirirlos gratis en las oficinas de farmacia, en el marco del Foro 'Ideas+Diálogo en Sanidad' organizado por Farmaindustria y Europa Press.
Esta situación ha salido a la luz, según ha dicho Mato, durante la actualización de datos realizada por su departamento, en colaboración con el Ministerio de Hacienda, para poner en marcha el nuevo copago farmacéutico que entrará en vigor el próximo 1 de julio, por el que los pensionistas pasarán a pagar un 10% del precio de sus medicamentos.
El secretario de Estado, Tomás Burgos, ha dicho que la Seguridad Social podría sufrir tensiones de liquidez en los próximos meses. Burgos ha insistido en que el sistema no está en riesgo y tampoco el pago de las pensiones. Ha destacado que el fondo de reserva de la Seguridad Social, la "hucha de las pensiones", cuenta ya con casi 68.000 millones de euros. Son 1.100 millones más de lo que tenía a finales de 2011, obtenidos por la rentabilidad de sus inversiones.
En plena vorágine de noticias sobre el futuro económico de España, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, acude a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, para dar explicaciones sobre la viabilidad del sistema público de pensiones. viabilidad del sistema público de pensiones.
Vamos a hablar de este asunto con Antonio Ojeda, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social. Antonio Ojeda, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social.
Nuestro sistema, explica, es viable aunque depende del crecimiento económico que tengamos en un futuro. "Si nosotros, como debe ser previsible, reducimos la tasa de desempleo el sistema es perfectamente viable".
El fondo de reserva,añade, no ha disminuido incluso ha tenido unos rendimientos financieros aunque en los últimos años no se han hecho aportaciones adicionales porque no lo permitía el nivel de ingresos que se tenía.
"Hay que adoptar medidas coyunturales no de reformas estructurales". La ampliación del tiempo de cotización depende de cómo se haga. Ya de por sí en la reforma lo que está previsto es que el plazo se amplíe a los 25 años para tomar en consideración la cuantía de la pensión, pero hay personas que han estado trabajando pensando en otra cifra de tal manera que habría que adecuarlo de manera paulatina (05/06/12).
Las contrataciones para la campaña de verano hicieron descender el paro el mes pasado en más de 30.000 personas. Mayo suele ser un buen mes para el empleo, aunque en esta ocasión el descenso es la mitad que en 2011. La ministra Fátima Báñez ve en las cifras una luz en mitad de la recesión económica, mientras que los sindicatos insisten en que las reformas del Gobierno no están dando resultados.
El paro registrado bajó en 30.113 personas en mayo respecto a abril (el 0,63%) y suma dos meses de caídas. Sin embargo, el descenso es sensiblemente inferior al registrado hace un año cuando el paro descendió en 79.701 personas. Mayo tradicionalmente es un buen mes para el empleo porque se realizan las contrataciones para la temporada de verano y el paro suele disminuir de media en más de 50.000 personas. Los afiliados a la Seguridad Social aumentaron por tercer mes consecutivo, al registrarse 77.431 trabajadores más en mayo con respecto a abril, lo que supone un incremento del 0,46%. Así, el total de adscritos al sistema se situó en 16.996.510 personas. No obstante, con respecto a mayo de 2011, la Seguridad Social ha perdido 595.680 ocupados, una disminución del 3,39%.
El borrador del anteproyecto de lucha contra el empleo irregular y el fraude laboral del Gobierno, al que ha tenido acceso Radio Nacional ,y que ha sido enviado a los agentes sociales, tipifica como delito que las empresas comuniquen fuera de plazo los datos de cotización a la Seguridad Social, requeridos por la ley. De igual modo ocurre con las variaciones de datos que las empresas no comuniquen y que afecten a la Seguridad Social. El documento también amplía de uno a tres años el plazo para exigir a las empresas, contratas o subcontratas, responsabilidad empresarial por haber incumplido con la Seguridad Social. El borrador, de 21 páginas, implica a todos los eslabones de la cadena del mercado laboral y especifica que se actuará con más dureza en situaciones de economía irregular y fraude que afecten a un grupo de trabajadores y las sanciones dependerán del número de afectados. Este documento se centra en la Seguridad Social, pero habrá otro específico sobre el fraude en el cobro del paro.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso más mecanismos de control contra el absentismo injustificado "con especial atención a los procesos inferiores a 15 días que suponen una carga económica notable al ser sufragados con cargo a la empresa". Para ello, la ministra ha señalado que se hará una ley de mutuas consensuada con los agentes sociales y el resto de formaciones políticas. Una de las medidas que se quiere adoptar incluye una "mayor coordinación" con las comunidades autónomas y que "culminan con el acceso informático a las historias clínicas de los diferentes servicios públicos de salud por parte de los médicos inspectores del INSS" con el objetivo de un control "más ágil y eficaz del INSS y de las mutuas sobre los procesos de corta duración (entre 1 y 30 días)".
