El actor y director Antonio Resines ha sido noticia por protestar como un ciudadano cualquiera a las puertas de una sucursal de la Seguridad Social quejándose de que no estaba siendo atendido. No es el único que se está encontrando problemas estos días en alguna de las oficinas de este organismo, por eso hablamos con él para que nos cuente en primera persona cuál es la situación de la gente de a pie.
El ministro de Seguridad Social ha comparecido en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo y le ha abierto la puerta a revisar los mecanismos de revalorización de las pensiones. Asimismo, ha asumido que el déficit de la Seguridad Social aumentará hasta el 2% del PIB, en parte por los gastos generados por la COVID, y que se situará en torno al punto y medio hasta el año 2023. Informa Guillermo Hernández.
José Antonio Herce, director asociados de Analistas Financieros Internacionales, ha explicado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que la COVID está acelerando el deterioro de las cuentas de la Seguridad Social por lo que considera que hay que tomar decisiones rápidas, profundas y de largo alcance para frenar esa sangría. "Es muy verosimil que el déficit de este año del sistema de Seguridad Social se duplique y roce los 40.000 millones", ha dicho Erce, que cree que el sistema de sostenibilidad de las pensiones es más necesario que nunca.
La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha explicado que los convivientes con una persona infectada por coronavirus tienen derecho a la baja laboral. Montero ha especificado que el derecho se genera si se padece la enfermedad y también si un conviviente la tiene, por lo que es obligatorio seguir una cuarentena y quedarse confinado en casa.
El número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social en actividades vinculadas al sector turístico registró en julio una caída interanual del 11,6 %, hasta 2.314.971 cotizantes (302.889 menos) por la crisis del coronavirus.
Según los datos de Turespaña, se rompe así la tendencia de incrementos para el mes de julio que se inició en 2013, volviéndose a niveles similares a los alcanzados en 2015 y 2016. Baleares es la comunidad en la que más se resiente el empleo.
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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció que solo se había podido revisar un 10 % de las solicitudes que millares de familias enviaron para poder acogerse al ingreso mínimo vital. De esas, la mitad fueron rechazadas por errores en la documentación. Mientras, una parte de la población española espera la recepción de esta ayuda, esencial en plena crisis sanitaria y con un mercado laboral sin muchas opciones. Algunas organizaciones aseguran que cada vez más personas acuden a sus instituciones porque han agotado todas sus prestaciones. Desde el Gobierno se defienden en que, aunque sea un proceso lento, es la única vía para "identificar bien a los beneficiarios, que les llegue la renta, que no haya fraude, que se focalice bien", como comentaba el ministro José Luis Escrivá.
La gestión del ingreso mínimo vital está en el punto de mira. Sólo el 1% de las personas que lo han solicitado lo han recibido. La Seguridad Social explica que han recibido una avalancha de peticiones: 750.000. De ellas han analizado un 20% y aceptado 80.000. Han denegado una cuarta parte porque están incompletas o falta documentación.
El ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá explica que no había otra forma de hacerlo para evitar el fraude y que realmente llegue a quien lo necesita. Admite, eso sí, que hay que rejuvenecer y reforzar las plantillas.
Los directores de Servicios Sociales denuncian que las gestiones tienen a medio millón de personas atrapadas en los trámites, entre la brecha digital y las dificultades de cumplimiento de los requisitos.
El Ingreso Mínimo Vital ha llegado a menos del 1% de los hogares que lo han solicitado desde su aprobación en junio, según datos del propio ministerio. El colapso de la Administración y la excesiva burocracia están dificultando que esta ayuda llegue a quienes más lo necesitan.
Un informe del Banco de España cifra en un 3,5% anual la rentabilidad del sistema de pensiones español, de tal manera que un trabajador que se jubiló en 2017 recibe 1,74 euros por cada euro cotizado. Esa excelente rentabilidad, según el Banco de España, es una de las causas de que los trabajadores no encuentren incentivos para retrasar la jubilación.
Muchas personas intentan estos días realizar distintos trámites con la Seguridad Social sin éxito. Complicaciones para conseguir cita y oficinas colapsadas. Desde la seguridad social aseguran que nunca habían tenido tanta demanda de citas. Lo achacan a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital. Reconocen que en momentos puntuales no son capaces de atender todas las llamadas, y que han habilitado maneras de hacer las solicitudes "on line" sin necesidad de tener certificado digital. Pero la web también está saturada. Según la Comisión Europea, 4 de cada 10 españoles carecen de competencias digitales básicas. Además, piden mucha documentación y la gente no sabe ni donde encontarla.
Más de medio millón de personas ha solicitado el Ingreso Mínimo Vital en apenas un mes, pero cerca de la mitad de las peticiones, advierte el Gobierno, serán rechazadas. Algunos de los trabajadores encargados de revisarlas dicen que están sobrepasados. Piden más medios para gestionar una ayuda indispensable para miles de familias que esperan una respuesta urgente. Sus expedientes acaban en oficinas de la Seguridad Social saturadas, que tienen tres meses para contestar. Si no responden, el silencio administrativo es un no.
