Las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno a Repsol frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote se ajustan a derecho y no se puede eludir la relevancia que podría tener para el país el hallazgo de hidrocarburos. Así se desprende de los dos autos del Tribunal Supremo y que desestiman los recursos interpuestos por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote para intentar frenar los sondeos.