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El Alto Tribunal considera que el sistema para calcular este impuesto no se corresponde con el valor real de las propiedades y afirma que no encaja en estos momentos en la Constitución. El valor de la propiedad es mayor cada vez que las escrituras cambian de manos y eso, señala la sentencia, no se corresponde con la realidad.

Hasta ahora la plusvalía la pagaba el vendedor en un plazo de 30 días y en el caso de herencias y donaciones era el beneficiario el que tenía seis meses para abonarlo. Además, la sentencia no tiene efectos retroactivos, podría abrir la puerta a futuras reclamaciones aunque todavía falta conocer el texto definitivo.

El Ministerio de Hacienda ha asegurado que lo va a revisar para garantizar su contitucionalidad y ofrecer certidumbre a los consistorios. El Ayuntamiento de Madrid podría dejar de recaudar cerca de 500 millones de euros.

Los Ayuntamientos reciben cada año unos 2.500 millones de euros del impuesto de plusvalías. Algo que, hasta ahora, pagábamos al vender, heredar o recibir, por ejemplo, un piso. Quedarse de golpe sin ese dinero es un grave problema para los consistorios y así lo han denunciado alcaldes de todo signo político. Hacienda se ha visto obligada a anunciar que lo reformará para que se adapte a la Constitución. Informa Daniel Bermejo.

El Tribunal Constitucional ha anulado el impuesto sobre la plusvalía que cobran los ayuntamientos, incluso en el caso de que la venta de un inmueble haya producido una ganancia. Este fallo supone una nueva vuelta de tuerca porque hasta ahora sólo se había declarado inconstitucional este tributo en aquellos casos en los que la venta hubiera generado pérdidas o cuando el impuesto superaba en importe a la ganancia generada.

No tendrá carácter retroactivo, con lo que se cierra la puerta a recuperar el dinero cobrado por esa plusvalía. La sentencia cuenta con el voto particular concurrente del presidente del Tribunal, Juan José González Rivas, y los votos discrepantes del magistrado Cándido Conde Pumpido y de la magistrada María Luisa Balaguer. 

Informa Usua Irastorza

El Constitucional ha renovado cuatro de sus 12 magistrados, dos progresistas y dos conservadores que tienen en sus currículos el haber sido vocales del Poder Judicial a propuesta de algún partido. Los nuevos nombres son los de Concepción Espejel, actual presidenta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes Generales; Ramón Sáez Valcárcel,  juez de la Audiencia Nacional; e Inmaculada Montalbán, experta en igualdad de género. 

Mientras que el Constitucional ha mantenido su mayoría conservadora, el Tribunal de Cuentas se ha renovado por completo y tendrá mayoría progresista por primera vez en 25 años. Entre quienes abandonan sus puestos se encuentra la juez Margarita Mariscal de Gante, una de las responsables de los procesos contables contra los líderes del procés y exministra de justicia del PP. Además, el Defensor del pueblo será Ángel Gabilondo. 

FOTO: EFE

Los cuatro nombres elegidos para renovar las vacantes del Tribunal Constitucional tienen un marcado perfil político. En el caso del PP son: Concepción Espejel, que fue recusada por el caso 'Gürtel', por sus vínculos con el PP; y Enrique Arnaldo, un estrecho colaborador de la Fundación FAES, relacionado con el caso 'Lezo'.

Por la parte del Gobierno, los elegidos son Ramón Sáez Valcárcel, el juez de la Audiencia Nacional que absolvió al mayor de los Mossos d'Esquadra; e Inmaculada Montalbán, experta en Igualdad, cercana al partido socialista. Foto: EFE

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha asegurado que hay "interlocución" entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y su socio de Gobierno, pero no ha aclarado si Unidas Podemos está en la negociación con el PP, con el que Gobierno llegó este jueves a un acuerdo para renovar los órganos constitucionales que siguen en funciones, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. 

En una entrevista en La Hora de la 1, Gómez ha explicado que Bolaños está en contacto "permanente" con Unidas Podemos, pero ha evitado decir si habrá nombres de la formación morada y ha alegado que las negociaciones se están llevando con "discreción". 

Además, ha recordado que el PSOE es el grupo mayoritario en el Congreso y que es por eso que está liderando el acuerdo con el PP. 

Por otra parte, ha celebrado la "rectificación" del PP y que se vaya a negociar ya los órganos constitucionales pendientes de renovación y ha afirmado que espera que se pueda también iniciar pronto la negociación sobre la renovación del CGPJ. "Queremos incorporar a la negociación el CGPJ", ha insistido.

FOTO: Héctor Gómez, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, en Madrid. EFE/ Javier López

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha celebrado la "rectificación" del PP y que se vaya a negociar ya los órganos constitucionales pendientes de renovación, a excepción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero ha evitado dar nombres: "Se trabaja con discreción".

Así se ha pronunciado este viernes en una entrevista en La Hora de la 1 sobre el acuerdo alcanzado este jueves entre el Gobierno y el PP para renovar los órganos constitucionales que siguen en funciones, lo que permitirá la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

Gómez ha afirmado que espera que se pueda también iniciar pronto la negociación sobre la renovación del CGPJ. "Queremos incorporar a la negociación el CGPJ", ha insistido.

Preguntado por si Unidas Podemos aportará algún nombre, Gómez ha explicado que hay interlocución "permanentemente" con su socio de Gobierno, pero ha explicado que la negociación se está llevando con "discreción".

FOTO: Héctor Gómez, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, en Madrid. EFE/ Javier López

Gobierno y PP han llegado a un acuerdo para renovar cuatro órganos constitucionales entre los que no está, de momento, el CGPJ. Serían cuatro miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos. El pacto, que seguramente se materializará en el Congreso y el Senado a final de mes, lleva la firma del ministro Félix Bolaños y el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Unidas Podemos asegura que está en la negociación. Informa Sandra Gallardo