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Las dos adolescentes acusadas por el asesinato de Cristina Martín, a quien encontraron en abril en una cantera de Seseña, en Toledo, han reconocido los hechos nada más empezar el juicio. Tendrán que cumplir, las penas máximas.

Hoy estaba citado ante la Fiscalía de Madrid otro grupo de controladores. Como hicieron ayer sus compañeros, los de hoy, seis en total, se han negado a declarar. La fiscalía no ha pedido medidas cautelares. Los interrogatorios han durado menos de una hora.

Han acudido 12 pero se han negado a declarar. Alegando que ahora están bajo jurisdicción militar. Mientras, USCA, el sindicato de los controladores ha recurrido ante el Tribunal Supremo los decretos de la militarización de las torres de control y del estado de alarma.

Controladores que abandonaron su puesto de trabajo por un presunto delito de sedición. Lo ha anunciado el fiscal general esta mañana en Zaragoza donde ha presidido una Junta de fiscales para fijar una postura conjunta en todas las Comunidades Autónomas.

El Juzgado de Instrucción de Gandesa imputa cinco presuntos delitos de homicidio imprudente y otro de lesiones graves a "Delta 0", responsable de los Bomberos que se encontraba de guardia el 21 de julio del 2009, cuando murieron cinco bomberos en el incendio forestal de Horta de Sant Joan. El mando de este operativo, Carles Font, declarará el próximo 17 de diciembre, a las diez de la mañana, como imputado por la presunta comisión por omisión de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave, por la muerte de los cinco bomberos. Además, se le acusa de un presunto delito de lesiones por el único bombero superviviente.

El portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Ángel Luna, ha asegurado ante el juez que fue su esposa quien pagó la reforma de su vivienda en 1998, de la cual no ha aportado ninguna factura porque las empresas que se hicieron cargo de la misma no guardan justificantes "de hace trece años". Así lo ha contado el diputado socialista tras declarar como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por un supuesto delito de cohecho a raíz de la querella interpuesta por el portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco.