La Audiencia de Barcelona ha condenado este lunes a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicar obra pública a la constructora Ferrovial en el marco del caso Palau en la etapa de Gobierno de Jordi Pujol y ha ordenado decomisar 6,6 millones de euros al partido por el cobro de dichas comisiones ilegales. Además, ha condenado a 9 años y ocho meses de cárcel al saqueador confeso del Palau de la Música Fèlix Millet, y a 4 años y cinco meses al extesorero de CDC Daniel Osàcar.
El expresidente de la Generalitat y hasta hace unos días presidente del PDeCAT, Artur Mas, ha admitido este lunes que no esperaba una sentencia del caso Palau tan "dura" y ha recalcado que Convergència ya pagó, con su disolución en 2016, "un precio muy alto" por las irregularidades investigadas. Todos los partidos han coincidido en pedir explicaciones políticas.
La Audiencia de Barcelona notificará este lunes la sentencia del expolio del Palau de la Música, destapado en 2009, por el que el fiscal pide 14 años de cárcel al saqueador confeso Fèlix Millet y ocho al extesorero de CDC Daniel Osàcar, acusado de cobrar mordidas de Ferrovial a través de la institución.
La sección décima de la Audiencia de Barcelona, presidida por la magistrada Montserrat Comas d'Argemir, ha convocado a los acusados, a sus abogados y al resto de partes -38 en total-, a las 9:30 horas en la sala de vistas del Tribunal del Jurado del Palacio de Justicia para entregarles la sentencia en mano, de forma simultánea.
La resolución judicial por el caso Palau, en el que CDC figura como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse del expolio del Palau, se produce en un intenso momento político en Cataluña, apenas tres semanas después de las elecciones catalanas y a solo dos días de la constitución del Parlament.
Francisco Javier C.M., conocido como "el violador del Eixample" y acusado de cinco agresiones sexuales, ha alegado este miércoles ante el tribunal que lo juzga en la Audiencia de Barcelona que algunas de las relaciones fueron consentidas y se ha escudado en que era adicto a la cocaína en la época de los hechos.
La activista de derechos humanos Helena Maleno ha recordado este miércoles que España y Marruecos tienen firmada una convención internacional que garantiza la salvaguardia del derecho a la vida en el mar. Maleno está siendo investigada en Marruecos por las llamadas de alerta que hace a Salvamento Marítimo sobre las pateras a la deriva en el Estrecho. La miembro de la ONG Caminando Fronteras tenía que comparecer ante un tribunal pero la vista se ha vuelto a aplazar, esta vez hasta el 31 de enero.
Las sesiones del primer juicio del caso de los ERE se han reanudado este martes en la Audiencia de Sevilla con las cuestiones previas, entre ellas, la petición del PP andaluz -que ejerce de acusación popular- de que comparezca como testigo la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, y la solicitud por parte del abogado de José Antonio Griñán de la anulación de toda la instrucción. La Fiscalía, por su parte, ha pedido al tribunal que aclare si la pieza política que se está juzgando ahora incluirá o no el análisis de ayudas concretas.
