Las acusaciones del juicio del 'procés' atribuyen a los doce líderes independentistas que se sientan en el banquillo del Supremo hasta cinco delitos: rebelión, sedición, malversación, desobediencia y organización criminal. Los dos primeros son los que suponen penas más altas de cárcel y es ahí donde ha estado la principal discrepancia entre la Fiscalía, que ve rebelión al argumentar que hubo "violencia" y pide penas por este delito que van desde los 16 a los 25 años de prisión. La Abogacía del Estado, en cambio, no cree que se les pueda acusar de rebelión y pide penas de 8 a 12 años por sedición.
La Sala de lo Penal del Supremo es la encargada de juzgar a los doce líderes independentistas que se sientan en el banquillo del alto tribunal. Está formada por siete magistrados, seis hombres y una mujer. Está integrada por su presidente, Manuel Marchena, que no está adscrito a ninguna asociación judicial al igual que Andrés Palomo; por Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Andrés Martínez Arrieta, que pertenecen a asociaciones consideradas conservadoras; y por Luciano Varela y Ana Ferrer, que están adscritos a una de perfil progresista.
La justicia francesa condena a penas de 5 y 7 años de cárcel a los etarras David Plá e Iratxe Sorzabal, considerados unos de los últimos dirigentes de la banda terrorista. Ambos eran miembros de la delegación de la banda que intentó negociar sin éxito con el Gobierno de España después de oficializar el fin de su actividad armada. Han sido condenados por todos los delitos de los que habían sido encausados, entre ellos el de terrorismo.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha pedido a la Fiscalía General del Estado datos sobre abusos sexuales a menores por parte de religiosos. En su escrito, dice que hay alarma social por los casos denunciados en los medios de comunicación. Esta petición coincide con el inicio de un juicio en Lugo contra el fraile de Cebreiro acusado de abusos sexuales a una menor y a otro joven.
Ante la preocupación social por los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia, y cuando el gobierno elabora un anteproyecto de ley de protección a la infancia, el ministerio de Justicia ha decidido pedir a la fiscalía información sobre todas las investigaciones judiciales relacionadas con agresiones a menores en instituciones eclesiásticas.
Los nueve políticos independentistas en prisión provisional se encuentran ya en cárceles de Madrid a donde han sido trasladados este viernes en un autobús de la Guardia Civil para el juicio del procés desde el centro penitenciario de Brians-2, en Barcelona. Los siete hombres permanecerán en la prisión de Soto del Real y las dos mujeres en la de Alcalá Meco mientras dure el juicio que comenzará el 12 de febrero. Las primeras en llegar, a la cárcel de Alcalá Meco, han sido la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa. Después llegaban a Soto del Real los otros siete procesados, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn y los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.
El juicio del 'procés' arrancará el martes 12 de febrero en el Tribunal Supremo. En el banquillo de los acusados se sentarán doce líderes independentistas, entre ellos, el exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Estos dos últimos y otros siete están acusados de rebelión por la Fiscalía y la acusación popular ejercida por Vox, y de sedición por la Abogacía del Estado por la celebración del referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de 2017.
