Cesar Román, conocido como el 'Rey del Cachopo', ha negado que matara a su expareja, Heidi Paz, en el juicio que se sigue contra él en Madrid. Ha asegurado que ella estaba implicada en temas de narcotráfico y que no hay pruebas contra él. Este miércoles empezarán a declarar los testigos.
Foto: EFE/TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
En Madrid comienza el juicio contra César Román, conocido como "el Rey del cachopo". Está acusado de matar y descuartizar a su expareja, Heidi Paz, en agosto de 2018. A su llegada a los juzgados ha asegurado que tiene ganas de demostrar su inocencia. La Fiscalía pide 15 años y cinco meses por homicidio y profanación de cadáveres y agravante de género y la acusación particular eleva la petición a 25 por asesinato. Este lunes se ha constituido el jurado popular y el martes Román comenzará a declarar.
Los expertos insisten en que hay que mantener las restricciones pero lo cierto es que, con el fin del estado de alarma, cada comunidad está tomando medidas distintas para evitar la transmisión de la COVID-19 y no todas están siendo avaladas por los jueces.
Una de las más polémicas es el toque de queda ya tiene el visto bueno judicial en Baleares y Comunidad Valenciana. Pero esas mismas instancias, los tribunales superiores de Justicia, lo han denegado en Canarias y País Vasco. Y pendiente todavía de una respuesta están Navarra y Galicia, que lo piden para zonas con alta incidencia. La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, que está pendiente de si llega algún recurso. Canarias es de momento la única comunidad que va a recurrir a ese tribunal.
En la Audiencia Provincial de Madrid arranca el juicio contra Cesar Román, conocido como el 'Rey del cachopo', acusado de matar y descuartizar a su novia. La Fiscalía pide 15 años y cinco meses de prisión por supuestamente matar y descuartizar en agosto de 2018 a su pareja, Heidi Paz. Parte de su cuerpo fue encontrado en una maleta poco después. La acusación particular pide 25 años de cárcel.
FOTO: EFE/EFETV
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechaza la aplicación del toque de queda en la comunidad. Sin embargo, el gobierno autonómico tiene intención de seguir aplicándolo a la espera de lo que decida el Supremo. Así que de los cinco territorios que pidieron mantener el toque de queda, sólo Baleares y Comunidad Valenciana han conseguido el aval de la justicia, País Vasco no, y no ha recurrido al Supremo, y Navarra está pendiente de resolución.
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FOTO: Varios bañistas disfrutan de una jornada de playa en el municipio grancanario de Mogán. José María Rodríguez / EFE.
María Telo es una histórica defensora de los derechos de las mujeres y su labor fue fundamental para conseguir la igualdad jurídica en las reformas del Código Civil en 1975 y 1981 que abolieron la sumisión de la mujer casada al marido vigente en el franquismo. El programa Objetivo Igualdad recuerda su figura a través de las entrevistas que se conservan en el Fondo Documental de TVE
A poco más de 24 horas para que se levante el estado de alarma, vuelven las diferencias de criterio en los tribunales de las distintas comunidades autónomas. Los jueces acaban de avalar el toque de queda en la Comunidad Valenciana, que se suma a Baleares. Pero lo han tumbado en el País Vasco, y queda pendiente conocer la decisión de los tribunales superiores de Justicia de Canarias y Navarra. Muchas otras comunidades están anunciando en estas últimas horas sus restricciones. Es el caso de Cataluña que podrá limitar a seis personas las reuniones. Madrid ampliará el horario de la hostelería y mantiene cierres de áreas de salud, pero vamos antes a Valencia y Bilbao con esas decisiones opuestas que han tomado sus tribunales.
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Horas después de que el Gobierno haya aprobado un decreto que, cuando decaiga el estado de alarma, deja en manos del Supremo la decisión última sobre las restricciones, analizamos la viabilidad de la medida con Agustín Ruiz Robledo. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada cree que, aunque este decreto dará una mayor seguridad jurídica a las CCAA, es difícil que pueda refrendar ciertas restricciones de derechos fundamentales. “Creo que no hay un jurista que defienda un toque de queda en una situación ordinaria, sin estado de alarma, porque es como un arresto domiciliario”. Añade que el cierre perimetral si es una cuestión más discutida. En todo caso, él considera que estas decisiones forman parte de la función legislativa y que se deberían haber reformado las leyes sanitarias que permiten tomar decisiones extremas en casos de alarma sanitaria como la actual. “El instrumento jurídico no puede ser la justicia ordinaria” ha concluido Ruiz Robledo.
Un tribunal en Galicia ha declarado nulo el despido de un trabajador el día en que nació su hijo. Ahora la empresa deberá readmitirlo con las mismas condiciones laborales y pagarle una indemnización de más de 6.000 euros por daños morales.
