Los Mossos d'Esquadra mantienen desde hace años un dispositivo nocturno contra los robos en domicilios de Barcelona. Desde entonces, se han conseguido reducir este tipo de delitos en la ciudad condal. Un equipo del Telediario ha acompañado esta noche a los agentes para conocer más sobre su labor. Foto: GETTY IMAGES.
La Guardia Urbana de Barcelona multará, con sanciones que van de los 100 a los 500 euros, a los conductores de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP) por no llevar casco o circular por una acera peatonal. Este sábado ha entrado en vigor la modificación de la ordenanza de circulación, peatones y vehículos de Barcelona que establece estas obligaciones para los VMP y, además, añade a la normativa municipal la prohibición a las bicicletas de circular por las aceras y a las motos de estacionar frente a los accesos a centros sanitarios y escolares, entre otros cambios.
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Un fondo de inversión trata de echar a Josep de la casa en la que vive en Barcelona desde hace 22 años para montar pisos turísticos. Ahora mismo paga 700 euros de alquiler y como se le ha terminado el contrato le exigen, si quiere quedarse, 2.000 euros al mes. Hoy era día señalado para el desahucio, pero un centenar de personas que se han concentrado frente a Casa Orsola ha obligado a posponerlo. En 24 horas de RNE hemos hablado con Enric Aragonès, portavoz del sindicato de Inquilinas de Cataluña: "Esto no es una victoria ni una derrota, es un pulso", ha sentenciado. "Hay un grupo de vecinos que han decidido que no se produzcan más desahucios invisibles. Esto no cuenta en los registros, pero son expulsiones forzosas", ha agregado. Aragonès ha opinado también que las medidas del PP y PSOE en vivienda no son tan distintas y ha expresado un toque de atención al Gobierno central: "No se puede gobernar a la vez para el rentismo y para los inquilinos". Escucha la entrevista completa en RNE Audio.
Desde hoy, Cataluña impondrá multas que rondarán hasta los 900.000 euros a los propietarios que incumplan la ley de vivienda. Lo hará especialmente con aquellos propietarios que cometan fraudes con los contratos temporales o se salten los topes del alquiler. "Buscamos que se cumpla la ley y asegurar que la relación entre los inquilinos y los arrendatarios sea equitativa y justa", asegura la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque en RNE.
Unas de las primeras medidas que van a tomar desde el Govern es solventar el problema de falta de vivienda de parque público. Para ello, destinarán 50.000 viviendas a este servicio con la vista puesta en el año 2030. La consellera resalta que, "la mayoría de la clase media de catalanes destinan más del 40% de sus ingresos a mantener un alquiler o su vivienda". Y por último, Paneque hace un balance positivo de lo que supoone esta nueva medida en Cataluña: "es absolutamente necesario llegar a acuerdos para avanzar, y que además estos acuerdos impacten de manera tan positiva en la ciudadanía".
Centenares de personas se han concentrado este martes para tratar de evitar el desalojo de la escuela Massana, en el barrio del Raval de Barcelona, y los agentes han cargado contra ellos. El edificio, que funcionaba como un centro social, estaba ocupado desde 2020 y en el momento del desalojo no había nadie en el interior.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y posterior blanqueo de capitales en España. El grupo estaba asentado principalmente en la provincia de Barcelona. Esta operación se ha saldado con 25 detenciones -entre ellas un estibador del puerto de Barcelona- y con 48 armas intervenidas. Además, los agentes han requisado más de 2.000 kilos de cocaína, 6 millones de euros en efectivo y 30 vehículos de alta gama. La colaboración internacional ha sido clave para desarticular este grupo.
El consejo de administración del Banco Sabadell ha aprobado este miércoles devolver la sede social de la entidad a Cataluña, siete años después de su salida durante el 'procés' independentista y su establecimiento en Alicante. En una sesión extraordinaria, ha acordado modificar el artículo 2 de los estatutos sociales que supone el retorno del domicilio social a su sede histórica en Sabadell (Barcelona), después de que abandonara Cataluña a finales de 2017. La entidad ha tomado esta decisión en medio de la opa lanzada por el BBVA para tratar de absorber al banco catalán.
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