Miles de personas se han manifestado en Barcelona para exigir una bajada del 50% de los alquileres y para llamar a una huelga si no mejora la situación habitacional. También reivindican promover contratos indefinidos, recuperar viviendas para el uso residencial y prohibir la compra especulativa.
Foto: Manifestación para exigir una bajada de los alquileres en Barcelona (EFE/Enric Fontcuberta)
Miles de personas se manifiestan en Barcelona para exigir una bajada de los alquileres y soluciones políticas para rebajar los precios. De lo contrario, los organizadores de la protesta plantean una huelga de alquiler.
En Valencia las ayudas para reconstruir las casas están empezando a llegar, pero a los afectados les preocupa no cubrir los gastos. La ayuda al alquiler será de hasta 800 euros durante 12 mensualidades y para las viviendas en propiedad, son un máximo de 60.000 euros. Nos cuentan además que el dinero se está adelantando antes del peritaje, y eso puede ser un problema en la cuenta final.
Fede Cardelús y Alfredo Sanz, presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, comentan un informe sobre la situación de la vivienda en España y su relación con la salud física y mental.
La vivienda es uno de los grandes quebraderos de cabeza de este siglo y como tal tiene un reto técnico y social. Marta Vall Llosera Ferran, presidenta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y Luis Gallego Pachón, arquitecto del Studio Pachón-Paredes analizan cuales son los puntos más preocupantes.
¿Qué herramientas tenemos para no reconstruir viviendas en zonas de especial peligro, cercanas a barrancos y ramblas? María Jesús Romero, profesora de la Universidad Politécnica de Valencia y experta en derecho urbanístico, ha explicado en RNE que ante una catástrofe como la sufrida por la DANA, "no es posible dar una solución única ni sencilla, pero sí debemos reflexionar sobre las causas y cómo abordar la minimización de los efectos adversos de cara a un futuro, porque volverá a suceder y cada vez con más frecuencia", ha dicho.
El riesgo de inundación es un condicionante para la ordenación de los usos del territorio para María Jesús Romero: "No podemos fulminar las zonas afectadas". "Gran parte de los municipios están en zonas con riego de inundación". En la Comunidad Valenciana existe un plan en este sentido para abordar el riesgo de inundación: "Se aprobó por primera vez en 2003 y revisado en 2015", ha asegurado, "pero estamos hablando de un suelo urbano consolidado que ha sido ordenado por planes de ordenación urbana anteriores a la entrada en vigor de estas normas, que no se aplican con efecto retroactivo", ha valorado.
La clave para la experta está en que el planeamiento urbanístico anterior se tiene que adaptar al PATRICOVA, el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana, así como "a la normativa estatal adecuando la reconstrucción de todo lo dañado a esas condiciones de zonas inundables", ha argumentado.
Casi 300.000 personas en la provincia de Málaga no pueden acceder a una vivienda, según un informe reciente del sindicato Comisiones Obreras. El Ayuntamiento de la ciudad intenta limitar los pisos turísticos. Las entradas y suministros tienen que ser independientes del resto. Pero según la plataforma Málaga para Vivir no está habiendo cambios reales y la marcha de vecinos implica, para los que se quedan, una pérdida de identidad y una merma en los servicios.
Foto: Miles de personas se manifiestan en Málaga, Sevilla y Cádiz para pedir soluciones ante las dificultades para acceder a una vivienda digna (EFE/Álvaro Cabrera)
El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros del martes un primer paquete de medidas de ayuda a hogares, empresas autónomos y las administraciones locales de los municipios valencianos, castellano-manchegos y andaluces golpeados por la DANA. En la comparecencia, Pedro Sánchez ha explicado el plan de medidas, que consta de tres fases: respuesta urgente, reconstrucción y relanzamiento. En la primera fase, que se establece bajo el paraguas de la declaración de zona catastrófica, el Gobierno ha anunciado un paquete de 10.600 millones de euros.
Sánchez ha especificado la forma en la que se hará el reparto de esta cuantía, entre las que se encuentran ayudas de hasta 60 mil euros para reparar viviendas, de hasta 10.300 euros por cambiar o arreglar muebles y electrodomésticos, y de hasta 37 mil para reparar elementos de comunidades de vecinos. Además, los afectados que tengan una hipoteca o un crédito al consumo podrán posponer el pago íntegro durante 3 meses y en los 9 siguientes pagarán solo los intereses. También hay medidas dirigidas a IBI, coches dañados o el pago de la declaración de la renta, entre otras.
La DANA dejó datos extraordinarios nunca antes vistos. En la localidad de Chiva, por ejemplo, se registraron alrededor de 500 litros por metro cuadrado en apenas ocho horas, casi la misma cantidad que suele acumularse en un año en la región. En 24 horas de RNE, hablamos con Carmen Mendoza, arquitecta y doctora en Urbanismo y Ordenación del Territorio, con la que hemos hablado sobre los daños provocados en las viviendas: "Es necesaria una gestión de desastre efectiva que requiere un enfoque integral. Hay que incorporar la prevención, la mitigación, la respuesta y la recuperación, aún estamos en la fase de respuesta".
Carmen Mendoza ha abordado las posibles soluciones para atender a las víctimas afectadas que han perdido su residencia: "Hay que remarcar que si hacemos vivienda temporal, estamos dando una respuesta rápida a los que no tienen vivienda, pero en paralelo se tiene que pensar en una vivienda permanente". "Es importante la reparación de la vivienda o planificar una estrategia más a largo plazo. Tienen que existir regulaciones de donde poder edificar y pensar también en que estas nuevas viviendas que se puedan relocalizar estén pensando en el diseño de acción climática", ha explicado la arquitecta. Entrevista completa en RNE Audio.
Las bases de Podemos han avalado, con un 89,8% de votos, condicionar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a que se pongan en marcha "medidas para atajar la crisis de la vivienda" que permitan reducir en un 40% el precio del alquiler y a que se rompan "relaciones diplomáticas y comerciales" con el estado "genocida" de Israel y se decrete el embargo de armas. "Si el PSOE quiere nuestro voto favorable van a tener que aceptar estas dos condiciones", ha explicado el secretario de organización y portavoz de Podemos Pablo Fernández tras la consulta en la que han participado 38.324 inscritos. Foto: EFE/Sergio Pérez.
Una vivienda asequible es aquella que no supone destinar a su alquiler mas del 30 por ciento de los ingresos familiares. En ciudades como Madrid o Barcelona, solo dos de cada 10 viviendas de alquiler responden a este requisito. El alquiler social apenas representa el 1,5 por ciento del mercado de alquiler, es decir, 300 mil viviendas. Las estimaciones del Bando de España calculan que hacen falta 2 millones de vivienda asequible de aquí al 2030 para hacer frente a la creación de hogares. La colaboración pública-privada será clave en este reto. Sin embargo, hace falta captar dinero de fuera, porque aquí no hay, y los fondos no invierten si no ven rentabilidad
El problema de la vivienda llegaba esta semana al Congreso. El debate entre la ministra y los grupos fue tan tenso como las protestas que se multiplican en la calle. Lo primero que vamos a hacer es recoger esas demandas. Estas son las quejas que han convertido el derecho a la vivienda en la tercera preocupación de los españoles.
La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, reconoce que llevan mes y medio hablando con Hacienda de los presupuestos y se muestra confiada en que estén aprobados en febrero. Reconoce que Podemos lo está poniendo difícil condicionando su apoyo, entre otras cosas, a que se obligue a rebajar los alquileres en un 40%, una medida que cree "muy difícil de llevar a cabo". Aizpurua está convencida de que Junts acabará apoyando la reforma de la ley mordaza que llega el martes al Pleno y dice que no tiene por qué desconfiar de que el PSOE no vaya a cumplir con lo comprometido.
Bildu reconoce que salió decepcionado de la comparecencia de la ministra de Vivienda. Recuerda que la ley solo se está aplicando en una comunidad, que es Cataluña, y que allí se ha visto que ha dado buenos resultados. Sobre el decreto que cambia las mayorías en RTVE, Aizpurua dice que lo ven bien, pero rechazan que quieran un puesto en el Consejo de Administración: "No es de nuestro interés". Respecto al 'caso Koldo', la portavoz rechaza "la utilización torticera" que se está haciendo y avisa al PSOE de que debe ser escrupuloso: "Corrupción cero, sea el partido que sea, hay que investigar hasta las últimas consecuencias".
Se ha puesto la primera demanda contra la Sareb por incluir posibles cláusulas abusivas en los contratos de alquiler social. La ha presentado una vecina de Madrid junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Denuncian que se está incumpliendo la Ley de Arrendamientos Urbanos, algo que rechaza el llamado banco malo.
Mauro Castro, miembro del Observatorio Coòpolis e Investigador de IDRA, ha estado en Las Mañanas de RNE con Josep Cuní hablando de las Jornadas Internacionales de Economía Plural que se están celebrando en Barcelona, en las que el Observatorio presenta el informe La economía que el PIB oculta. Castro defiende que es "cada vez más obvio" que el PIB "ya no es un buen instrumento para guiarnos hacia la necesaria transición a la que tenemos que dirigirnos". El entrevistado asegura que el PIB no contabiliza "actividades fundamentales de la vida", como pueden ser los flujos energéticos, los cuidados o el trabajo de la naturaleza, asegurando que "no podemos de una manera guiarnos por por unas métricas, por una manera de entender la Economía que claramente nos está llevando hacia donde nos está llevando".
En cuanto a la problemática de la vivienda, desde el Observatorio Coòpils proponen un modelo alternativo en el que ya cuentan con 40 experiencias: las viviendas de las cooperativas en cesión de uso que se están produciendo en Cataluña. "Es una experiencia innovadora de colaboración entre el sector público, el sector del cooperativismo y de la economía social y solidaria y las comunidades de los barrios que producen vivienda mucho más barata, mucho más territorializada y mucho más accesible para para todos y todas", ha explicado el investigador.
Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, recoge un nuevo capítulo de 'La historia interminable' en el que explica cómo Viena tiene una larga historia de construcción de viviendas municipales, casas asequibles para amplios sectores de la población. Buenas condiciones laborales, beneficios sociales y viviendas dignas. Parece una utopía, pero existe. Escucha la sección completa en RNE Audio.
Alberto Ibáñez es diputado de Compromís y portavoz del grupo parlamentario de Sumar en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso, y ha estado en el 24 horas de RNE para hablar de la problemática que está habiendo con la vivienda estas últimas semanas que se ha acrecentado con las manifestaciones de los Sindicatos de Inquilinas alrededor del país. Ibáñez ha calificado de "muy insuficiente" los anuncios de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez: "Yo creo que la ministra no ha escuchado bien lo que le exigía la calle [...] Esperábamos que dijera cómo va a hacer que bajen los precios del alquiler y ha eludido esta cuestión". Además, añade que un cambio de ministra no solucionaría nada y critica la inacción del Gobierno: "Creo que hay muchas medidas que este Gobierno tiene que echar hacia delante".
En cuanto a las críticas de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, a Sumar, Alberto Ibáñez ha reconocido que desde su partido tienen que "pedir perdón": "Tenemos que asumir que hoy la calle, de manera unánime, nos exige a la mayoría parlamentaria intervenir de manera urgente el precio del alquiler y otras medidas que permitan que las casas sean para vivir y no para especular", ha expresado el diputado de Compromís.
El Gobierno propone blindar el parque público de vivienda para que no se puedan vender a precio libre. Es una de las propuestas que ha vuelto a poner sobre la mesa la ministra, Isabel Rodríguez, que ha comparecido este miércoles en el Congreso. Lo pidieron los socios del Gobierno, que presionan y exigen medidas más contundentes.
Foto: EFE/ J.J.Guillen
En 24 horas de RNE, abordamos la problemática de la vivienda con Susana García Bujalance, arquitecta urbanista y directora de la consultora 'Laboratorio de Urbanismo': "Hay mucha cantidad de suelo que requiere una tramitación que se hace eterna, pero no porque haya mucha regulación, sino por la falta de eficiencia en los procedimientos y luego una necesidad de digitalización para que todo vaya mucho más rápido".
"Yo empezaría por llegar a un acuerdo social. Un problema estructural no se resuelve haciendo una ley que solamente apoya a una parte de la sociedad, de la economía y de los agentes implicados". La arquitecta urbanista ha explicado que el problema de la vivienda es el final de un iceberg que atraviesa muchos planos, no solamente en la construcción de la inversión inmobiliaria, sino también en la movilidad, en las conexiones con el resto de España o inversiones en muchos sectores económicos del lugar en el que se construye. Escucha la entrevista completa en RNE Audio.
El endurecimiento de las condiciones para comprar una vivienda o la subida imparable del precio del alquiler se han convertido en el tercer asunto que más preocupa a los españoles, según los datos del CIS de octubre. En 24 horas de RNE, Beatriz Toribio, secretaria general de APCEspaña, ha comentado su encuentro con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez: "Es una segunda reunión, es verdad que no ha habido grandes medidas de calado, pero de aquí solo vamos a salir con diálogo y consenso. Necesitamos un pacto por la vivienda e impulsar medidas que ayuden a potenciar esa oferta, sobre todo de la vivienda de alquiler".
"Una de las principales medidas en la que hemos insistido ha sido la necesidad de agilizar los trámites de gestión y desarrollo de suelo. Y una segunda medida que necesitamos es seguridad jurídica ante los plazos y la generación de suelo", ha subrayado la secretaria general de APCEspaña.
También hemos contado con Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, quien nos ha contado las razones por las que no han acudido a la reunión con Rodríguez: "No llaman para hacernos una foto e intentar hacer ver que se está haciendo algo. Y para además juntarnos con la patronal inmobiliaria con la que tenemos ciertos conflictos". "El modelo del ladrillazo lleva a dar suelo público a la iniciativa privada y a construir vivienda cuando en nuestro país hay cuatro millones de viviendas vacías", ha defendido el portavoz. Escucha la entrevista completa en RNE Audio.
Por las buenas 
