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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, garantizaba que el Gobierno modificará la legislación española sobre desahucios e hipotecas para adaptarla a la ley europea, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que falla que la norma no protege a los consumidores. El resto de partidos políticos también ha valorado la sentencia. Desde el PSOE han pedido un decreto ley que paralice los desahucios que estén en marcha, Izquierda Unida ve en la sentencia el triunfo de los movimientos sociales y desde CiU avisan de que los desahucios continuarán hasta que cambie la ley.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PHA), Ada Colau, ha afirmado este jueves que tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contra la normativa española de desahucios al Gobierno "no le queda más opción que cambiar la ley" y ha abogado por "la paralización de todos los desahucios que están en curso".Considera el tribunal europeo que las medidas que regulan en España los procesos de desahucio son contrarios a la legislación europea de protección de los consumidores.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha sentenciado que las medidas que regulan en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca son contrarios a la legislación europea de protección de los consumidores. "La normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión". La Corte con sede en Luxemburgo aboga porque el magistrado pueda adoptar medidas cautelares "cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisión final".

  • El Gobierno de Rajoy ha triplicado el precio de cancelar una hipoteca
  • Si la cancelación fue de 2007 a mayo de 2012, pueden devolverte dinero
  • 1.600.000 propietarios podrían recuperar lo pagado indebidamente

En Madrid se ha detenido, temporalmente, el desahucio de una mujer y sus dos hijos pequeños. El motivo es que no había suficiente policía para efectuarlo. Sus exsuegros son quienes piden el desalojo de la casa porque el piso es de su propiedad. La mujer, víctima de violencia de género, pidió ayuda a la Princesa Letizia.

El grupo inmobiliario Reyal Urbis ha anunciado que solicitará el concurso voluntario de acreedores al no haber podido llegar a un acuerdo con los bancos para refinanciar una deuda de más de 3.600 millones de euros. Es el mayor concurso de acreedores de España después del de Martinsa Fadesa, que tuvo lugar en 2008.