Antonio Pablo Fernández, guardia civil pacense de 29 años, casado y con dos hijos, estaba temporalmente destinado en el País Vasco reforzando los operativos antiterroristas.  El 2 de mayo de 1982, mientras realizaba el servicio de vigilancia en la puerta del cuartel de Ondarroa, fue asesinado por un miembro del comando Gorrochategui que le disparó tres balas en el hombro, el brazo derecho y la región abdominal. Pese a que ingresó en el  hospital de Cruces, en Barakaldo, falleció una hora después.

En 1994, Villa del Rey, su localidad natal, y Santa Marta, de donde era su viuda y donde fue enterrado, le dedicaron una calle.

José Ramón Larrinaga Celaya fue condenado a 12 años de prisión mayor y al pago de una indemnización por esconder la pistola utilizada por los autores del crimen.