Los clubes buscan la salvación con la Ley Concursal
- El Rayo Vallecano, el último en acogerse a la Ley para evitar la quiebra
- La Real Sociedad o Las Palmas sanearon su economía con el proceso
- El Levante ascendió en pleno concurso de acreedores en 2010
El del Rayo Vallecano es el último caso de un club de fútbol que decide acogerse al procedimiento especial de la Ley Concursal. Ahora, el club madrileño tiene un plazo de hasta cuatro meses para negociar con sus acreedores un plan de pagos y evitar así ser declarado en suspensión de pagos.
La situación del Rayo hay que enmarcarla dentro del grupo de empresas de Ruiz- Mateos y se trataría de un caso atípico. Aunque no deja de ser una nueva muestra de la peculiar forma de llevar las cuestiones financieras que tienen las sociedad deportivas.
Al menos, el jefe de prensa del Rayo Vallecano, Fernando López, ha asegurado a la prensa que el club está al corriente de pago en las nóminas de sus jugadores. Tras la reunión que ha mantenido este viernes el propietario, José María Ruiz-Mateos, con el capitán del equipo, Michel, y el técnico, José Ramón Sandoval, ambos se han mostrado "tranquilos".
Hacia una nueva "División"
De seguir esto así, habrá que estar atentos a la formación de una nueva división en el fútbol nacional: habrá primera, segunda, segunda b, tercera y la de los clubes en Ley Concursal. Y es que, con cuentagotas, pero a cada poco se conoce la noticia de otro club que cae.
Ahora el Rayo, a principios de mes de febrero el Jaén, con ocho millones de deuda a Hacienda y la Seguridad Social. Un poco más allá, el Betis, con pérdidas superiores a 20 millones.
Las Palmas fue el primero en acogerse en 2004 a la famosa Ley, con 66 millones de euros y ya logró salir de la situación, lo mismo que el Celta de Vigo y la Real Sociedad, que lo hizo en 2010.
La "división" la podríamos completar con algunos de los que están o han estado acogidos a la Ley Concursal en las últimas temporadas: el Málaga, salvado por los petrodólares, el Recreativo, el Granada, la Cultural y Deportiva Leonesa, el Albacete, el Mallorca, el Levante, el Sporting de Gijón, el Cádiz, el Lleida, el Algeciras o el Xerez.
Ya no podrá estar en ella el Granada 74, cuya falta de pago le acarreó la desaparición en 2009, aunque sí recuperaríamos a Oviedo y Logroñes, refundados tras pasar enormes problemas.
La esperanza es que, por ejemplo, el Levante ascendió en la temporada 2009/2010 inmerso en la Ley Concursal desde julio de 2008. La nueva Ley no impide que, aunque los Consejos de Administración de los clubes no tengan manos libres en su gestión, puedan seguir con las cuestiones del día a día. Es una situación muy distinta a aquella intervención que sufrió el Atlético de Madrid en la era Jesús Gil, en abril de 2000.
La crisis económica agrava aún más la situación, que se extiende a sociedades de otros deportes. En baloncesto tenemos los casos del Estudiantes, y del equipo revelación ACB, Blancos de Rueda Valladolid.
Curioso caso el de Estudiantes, equipo que cultiva la cantera como pocos. Se supone que con una economía más saneada por ello y, sin embargo, también en aprietos.
Recientemente también se conocía la protesta especial de los jugadores del Balonmano Granollers, ante la deuda que el club mantiene con ellos.
La Ley Concursal
La Ley Concursal es un procedimiento que instaura el concurso de acreedores como vía para resolver las situaciones de insolvencia. Se trata de evitar la quiebra y lograr la continuidad de las empresas en crisis gracias a un acuerdo entre los acreedores, facilitando con una fórmula totalmente transparente la reestructuración y reflotamiento de empresas y, en último extremo, su liquidación.
La deuda del Rayo Vallecano se estima en casi 22 millones de euros, con Hacienda y la Seguridad como principales acreedores. Además, la liga de Fútbol Profesional (LFP) ya consideró en su día como una subvención a fondo perdido lo que, en principio era un préstamo de más de un millón de euros, pendiente de un futuro ascenso del club.
La LFP trabaja ahora en un plan que sirva para restringir las condiciones de viabilidad económica de los clubes que quieren participar en competiciones profesionales. Además, la LFP intenta con ello que el Gobierno intervenga lo menos posible en el azaroso discurrir económico de las entidades deportivas, como se prevé en la futura Ley del Deporte Profesional.