La deuda del Deportivo se estima en 156 millones de euros
- Así lo refleja el informe que el administrador concursal ha entregado al juzgado
- Hacienda es el mayor acreedor del Deportivo, con casi 94 millones de euros
- Diferencias entre los cálculos de la entidad concursada y el administrador
El Deportivo debe 156,34 millones de euros, 93,7 de ellos a la Agencia Tributaria, según ha recogido el administrador concursal, la empresa AD Cryex, en el informe que entregó al Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña, que lleva el proceso de insolvencia de la entidad que preside Augusto César Lendoiro.
El pasado 10 de enero, día en el que solicitó el concurso de acreedores, el Deportivo reconocía una deuda de 93 millones de euros, 40 de ellos con Hacienda, y estimaba su activo en 185 millones, cantidad que los administradores reducen a 80,3 millones.
El administrador concursal que tutela al Deportivo deja constancia en el informe, de la "huida hacia adelante", que, en su opinión, protagonizó el consejo de administración del club, al que critica por una política empresarial "temeraria", si bien considera viable la entidad.
"Las verdaderas causas de la insolvencia están en el hecho de haber mantenido un modo de gestión ajeno a la realidad, asumiendo gastos e inversiones en múltiples aspectos por cuantías absolutamente alejadas de las posibilidades económicas de la sociedad", recoge el informe al que ha tenido acceso EFE.
De los 156 millones de deuda que determina AD Cryex, 103,48 millones son de privilegio especial; 17,63, de privilegio general; 6,52 de subordinada; y 28,74 millones de euros de ordinaria.
Relación de acreedores
El mayor acreedor de la entidad coruñesa, según el administrador concursal, es la Agencia Tributaria, a la que siguen los bancos Novagalicia (26,54 millones) y el Banco Gallego (9,49 millones).
En el listado aparecen la Liga de Fútbol Profesional (2,99 millones), la Federación Española (237.372 euros), clubes nacionales como Betis (295.000 euros) o Mallorca (334.030 euros) y extranjeros como los uruguayos Nacional (959.596 euros) y Defensor (412.427 euros), el argentino Estudiantes de La Plata (111.450 euros) y el mexicano Atlas de Guadalajara (161.284 euros).
Entre los acreedores que aparecen en el informe que ha llegado al Juzgado figuran futbolistas de la actual plantilla y destacan las deudas con el portugués Zé Castro (523.821 euros), Dani Aranzubia (515.940 euros) y el máximo goleador del equipo, Iván Sánchez 'Riki' (428.308 euros).
El Deportivo también debe importantes sumas a Viajes El Corte Inglés (1,83 millones), el bufete Díaz Arias (1,15 millones), extécnicos como Lotina (360.000 euros), agentes como Miguel Santos (443.869 euros) y exjugadores como Bodipo (721.982 euros), al que rescindió contrato en enero, el internacional mexicano Andrés Guardado (579.451 euros) o el argentino Diego Colotto (448.308 euros).
La relación de créditos excluidos incluye 618.000 euros con Las Palmas desestimados por un laudo arbitral y una deuda de 109.219 euros con el presidente del club, Augusto César Lendoiro, al considerar que se trata de una retribución improcedente.
Diferencias contables
AD Cryex estima que el valor total de los bienes y derechos del Deportivo es de 80,3 millones, mientras que el club elevaba esa cifra a 185 millones de euros.
Una de las grandes diferencias entre los cálculos de la concursada y el administrador tiene que ver con las inmovilizaciones intangibles: 87,8 millones para el club y 25,8 para AD Cryex, que no da valor contable a la concesión del estadio municipal de Riazor (17,4 millones) y tasa la plaza de Primera en 20 millones (58,4 según el Deportivo).
El conjunto coruñés valora a los jugadores en 42,2 millones, en tanto que el administrador estima que valen 21,15 millones y cifra las inversiones inmobiliarias del Deportivo en 2,4 millones y no en 13,3 como estimaba el equipo que preside Lendoiro.
AD Cryex, que percibirá 468.624 euros como honorarios, reduce la deuda contraída por el Racing de Santander con el Deportivo de 1,9 a 0,4 millones; la del Betis, de 1,4 a 0,73; la de Las Palmas, de 1,1 a 0,57; y la del Zaragoza, de 3,5 a 0,74 millones de euros.
Las partes disponen de diez días desde que reciban la notificación para presentar impugnaciones sobre los aspectos que consideren oportunos del informe.