Osasuna denuncia en el juzgado la desaparición de 2,4 millones del club
- "Se desconoce la contraprestación y el destino final de dicho dinero", dicen
- Los hechos ocurrieron durante el mandato de la anterior directiva
- Osasuna está siendo investigada por el presunto amaño de varios partidos
- El juez ha encargado a la Policía investigar el destino del dinero
La Junta Directiva de Osasuna ha presentado este jueves en el juzgado de guardia una denuncia por la "desaparición" de 2,4 millones de euros de las cuentas de la entidad durante el mandato de la anterior directiva.
Osasuna, que está siendo investigado por una presunta compra de partidos de la pasada temporada de la Liga BBVA, ha señalado en un comunicado que ayer recibió de la Liga de Fútbol Profesional copia del denominado 'Informe de Auditoría Complementaria de Procedimientos Acordados sobre determinados aspectos del Club Atlético Osasuna'.
Ante los datos reflejados en dicho informe, se procedió a convocar reunión extraordinaria de la Junta Directiva Osasuna, que acordó "por unanimidad" comparecer ante el juzgado de guardia de Pamplona y presentar una denuncia por los hechos reflejados en dicho informe de auditoría.
Más concretamente, el club se refiere a los hechos señalados en las conclusiones del informe y que "han podido suponer la desaparición de 2.416.611 euros de las cuentas del club". Según dicho informe, "se desconoce la contraprestación vinculada al club y el destino final de dicho dinero, sin perjuicio de las conclusiones a las que pudieran llegarse en la futura instrucción".
Igualmente, la Junta Directiva acordó también por unanimidad "iniciar los trámites para proceder a la convocatoria de la asamblea extraordinaria de compromisarios en la que, entre otras cuestiones, se pueda presentar a los miembros de dicho órgano el informe anteriormente señalado".
"Son ciertas las salidas de dinero que pueden no estar demasiado bien justificadas, un millón y medio de euros salieron de forma extraña en dinero contante y sonante, pero no podemos hablar de compra de partidos, no tenemos constancia de eso", apuntó Luis Sabalza, presidente del conjunto 'rojillo', en rueda de prensa el pasado martes después de que se informara de la supuesta compra del partido ante el Espanyol de la pasada campaña en Cornellá-El Prat.
El juez encarga a la Policía investigar
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha encargado a la Policía Judicial de la Policía Nacional que averigüe, a la mayor brevedad, el destino final de 3.761.611 euros cuya extracción ha denunciado el presidente de Osasuna en el juzgado de guardia.
En el auto por el que incoa diligencias, el juez considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos, sin perjuicio de ulterior calificación jurídica, de delitos de apropiación indebida, societario y falsedad documental, ha informado el TSJN.
En concreto, el magistrado quiere conocer "la finalidad real" de los pagos efectuados el 1 de junio de 2013 a Cristina Valencia y Alberto Nolla (agentes inmobiliarios) por importe de 900.000 euros y "la identidad del supuesto agente deportivo" que percibió en diciembre de 2011 un pago de 76.611 euros.
Asimismo, el juez solicita que se averigüe la identidad de las personas que el 1 de julio de 2013 firmaron el contrato entre el fondo Flefield (afincado en la isla de Madeira) y Osasuna por el que supuestamente esta sociedad percibió en 2014 un total de 1.440.000 euros, así como qué servicios recibió en contraprestación el club.
De igual modo, el magistrado insta a la policía a que indague qué personas retiraron de las cuentas bancarias de Osasuna 1.345.000 euros en efectivo desde noviembre de 2013 a junio de 2014, así como la finalidad de dichas extracciones.
Por otra parte, el juez reclama a la Liga de Fútbol Profesional las comunicaciones remitidas por el Consejo Superior de Deportes que, según se indica en la auditoría, le llevaron a encargar dicho informe. En este sentido, cita a los autores de la auditoría para que el 2 de marzo se ratifiquen en su contenido.
Dos presuntos amaños
El Club Atlético Osasuna está siendo investigado por el CSD y la LFP por supuestos desvíos irregulares de dinero durante la pasada temporada, en la que el equipo terminó descendiendo a Segunda división, y por la sospecha de amaño de partidos.
En el punto de mira está el Espanyol-Osasuna, disputado en la penúltima jornada de liga, que finalizó con un empate (1-1), lo que dio a Osasuna opciones de cara al último encuentro de la temporada y al conjunto catalán le supuso la salvación.
El que fuera gerente de Osasuna durante 24 años, Ángel Vizcay reconoció que la directiva del club había ofrecido 250.000 euros a dos jugadores del Betis al final de la pasada temporada si ganaban al Valladolid y una semana después, en caso de ser necesario, se dejaban ganar ante los navarros.
Salidas injustificadas
Fue el propio presidente de Osasuna, Luis Sabalza, que se hizo cargo del club una vez consumado el descenso, el que el 17 de febrero reconoció que la pasada campaña se produjeron salidas "no demasiado bien justificadas" de dinero en efectivo con destino a empresas y personas concretas que no quiso desvelar.
Se trataría de salidas de dinero en efectivo efectuadas durante el mandato del anterior presidente, Miguel Archanco, que estuvo al frente de una Comisión Gestora que ya ha comunicado públicamente su desconocimiento sobre este presunto caso de amaño de partidos.
Tras la salida de esa Gestora, fue la nueva directiva la que comunicó en verano a la LFP la retirada de hasta 2,4 millones de euros sin justificar, de los que, al parecer, 900.000 euros habrían ido a parar a dos agentes inmobiliarios y cerca de 1,4 millones, a una sociedad del paraíso fiscal de la isla de Madeira.
La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, ha afirmado que las auditorías que se hagan a Osasuna "no son una preocupación" sino una "garantía" y ha instado al club navarro a colaborar con la Justicia.
Osasuna acumula además una deuda de 53 millones de euros con la Hacienda navarra y, para hacer frente a esa situación, hizo una dación en pago a la Administración del Estado del Sadar y las Instalaciones de Tajonar, tasados en 43 millones, por lo que aún quedaría pendiente una deuda de 10 millones de euros a pagar en 30 años.