Confirman la acusación contra Lopera por delito societario y apropiación

• La jueza Alaya le acusó por su actuación como presidente del Betis
• Lopera presentó un recurso que ahora ha desestimado la Audiencia

Imagen de archivo del expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera.

La Audiencia de Sevilla ha confirmado la acusación contra el expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera por los presuntos delitos de delito societario y de apropiación indebida de los que le acusó en mayo de 2014 la juez Mercedes Alaya por su actuación al frente del club.

Tras esa acusación, Lopera presentó un recurso que ahora ha desestimado la Audiencia "teniendo en cuenta la amplia fundamentación del auto recurrido, donde se concretan los indicios existentes y la participación del procesado en los delitos por lo que ha sido procesado, sin perjuicio de la calificación de los hechos que se efectúen por el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas en la causa".

En el auto de la Audiencia, se recuerda que Lopera, como vicepresidente económico del club, "diseñó, en perjuicio de la sociedad y en su propio beneficio", las operaciones que le llevarían a obtener a través de Farusa, empresa de su propiedad, la mayoría absoluta del capital social.

Ello lo consiguió "a pesar de no desembolsar un importante paquete de acciones, del que aparecía como titular, tras la constitución del Real Betis como Sociedad Anónima Deportiva", señala el auto judicial, en el que se indica que los peritos cifraron los perjuicios que ocasionó al club en 24,9 millones de euros.

En una segunda fase tras conseguir el poder de decisión,  Lopera "decidió gestionar privadamente los recursos de la actividad deportiva del club, privando al resto de los accionistas del conocimiento sobre dicha gestión", según dijo Alaya y recuerda la Audiencia.

Alaya impuso una fianza de 33,3 millones a Lopera

Para ello, continúa la Audiencia, cedió a otra de sus empresas, Tegasa, la totalidad de los ingresos que percibiera el Betis derivados de su actividad deportiva a cambio de una cantidad fija o variable, según las temporadas.

Eso le permitiría, añade, "apoderarse de una parte de dichos recursos y, sobre todo, de los productos o intereses generados por los mismos y ello ante el cumplimiento puntual por el Real Betis de sus obligaciones y el cumplimiento dilatado por Tegasa".

Esta gestión por parte de Tegasa duraría seis temporadas, desde la 1993-1994 a la 1998-1999, y luego continuaría Encadesa, otra de las sociedades de Lopera, en las ocho temporadas siguientes.

En relación con los perjuicios por importe de 24.973.191,38 euros determinados por los peritos judiciales, "transmutados en apoderamiento según el recurso", la pericial distingue rendimientos del Betis por 18.633.297,67 euros.

También alude a intereses de demora y acciones del club por 2.330.246,51 euros; al pago del impuesto de sociedades con procedimiento como delito fiscal, 3.837.010,26 euros, y pagarés de la liquidación de la temporada 2006-2007, 177.556,58 euros.

Cuando Alaya procesó a Lopera, también lo hizo con María de las Mercedes Ferraro, Guillermo Molina, Ana María Ruiz, María Teresa González, Francisco Javier Páez, Ángel Guillermo Martín y el ex consejero delegado Luis Oliver por actuar "como testaferros" o "en connivencia".

Todos ellos se adhirieron al recurso de Lopera, aunque la Audiencia no les da la razón a ninguno de ellos.

En su auto, Alaya impuso una fianza de 33,3 millones de euros a Lopera; a Mercedes Ferraro, María Teresa González y Ana María Ruiz, un millón de euros a cada uno; a Francisco Javier Páez 1,66 millones de euros, a Guillermo Molina y Ángel Guillermo Martín 2,66 millones de euros; y a Luis Oliver, 431.280 euros.