El juicio contra Lopera por apropiación indebida empezará en abril de 2017

• El día 18 marca el inicio del proceso contra el exmandatorio verdiblanco
• Piden tres años por la causa principal o dos por administración desleal

El expresidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera (c), acusado de apropiación indebida

La Audiencia de Sevilla ha anunciado que el 18 de abril de 2017 empezará el juicio contra el expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera, al que la Fiscalía solicita tres años de prisión por un delito de apropiación indebida durante su gestión en el club.

En el juicio, que se celebrará en 24 sesiones repartidas entre los meses de junio, julio y septiembre, y concluirá el 31 de octubre, la Fiscalía planteará que "de forma alternativa" se condene a Lopera a dos años si considera que el delito es de administración desleal.

En esta causa, junto a Lopera, están también acusadas otras siete personas que ocuparon cargos en el Betis y vinculadas a distintas empresas relacionadas con el expresidente.

Está previsto que Ángel Márquez, juez de la sección tercera de la Audiencia, presida el juicio, que comenzará con las cuestiones previas el 18 de abril y en el que la declaración de Lopera se producirá el 5 de junio.

El juicio continuará el 6, 8, 12, 13, 19, 20 y 22 de junio; el 10, 11 y 13 de julio; el 4, 5, 7, 11, 12, 14, 19 y 26 de septiembre y el 3, 10, 17 y 31 de octubre, cuando quedaría visto para sentencia.

La defensa del expresidente, que ejerce Encarnación Molino, asegura que Lopera presentó garantías por más de 200 millones de euros entre 1993 y 2008 en forma de un "auténtico mecenazgo gratis y desinteresado", y ha añadido que no cometió la apropiación de la que se le acusa y tampoco perjudicó a la entidad ni obtuvo beneficios para él y su entorno familiar.

El Ministerio Fiscal reclama a Lopera, en concepto de indemnización para el Real Betis Balompié, una cantidad de 591.017,41 euros además de otra de 3.078.000 euros, cantidades de las que deben responder solidariamente María Teresa González Martínez y Mercedes Ferraro, también encausadas.

La Fiscalía acusa también al perito Guillermo Molina, y no lo hace contra otras cuatro personas que se sentarán en el banquillo de los acusados por iniciativa de los abogados de la acusación: Ana María Ruiz, Francisco Javier Páez, Ángel Guillermo Martín y el ex consejero delegado Luis Oliver.

Igualmente, la Fiscalía reclama que se condene a Encadesa, otra de las empresas controladas por Lopera, al pago de ese algo más de tres millones de euros de manera solidaria con los dos primeros acusados, a la entidad Farusa solidariamente por las cantidades de 450.759,08 euros y 592.593,93 euros, y a Frigimueble solidariamente a 90.151,82 euros.

En el escrito de calificación, el fiscal pide tres años de prisión por un presunto delito de apropiación indebida, además de una pena de nueve meses de multa a razón de diez euros diarios, de inhabilitación para desempeño de cargo público y de sufragio pasivo, además del pago de las costas.

No obstante, el Fiscal plantea una pena de dos años de prisión para el exmandatario por un presunto delito de administración desleal, además de inhabilitación tanto para el desempeño de cargo público como para el derecho de sufragio pasivo si el juez determina que debe ser dicho delito y no el de apropiación indebida.

Destaca en el escrito de conclusiones que la Fiscalía aprecia una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, achacable a la juez Mercedes Alaya, que lo comenzó a instruir en 2008.