Un tribunal deroga la prohibición de transferir fondos públicos al Comité Organizador de Río 2016
- Atiende a una petición del Gobierno y del Municipio de Río de Janeiro
- El veto impedía la celebración de los Juegos Paralímpicos en septiembre
- La acción presentada por el Ministerio Público seguirá su curso
La Justicia Federal de Brasil ha derogado una medida cautelar que impedía a los Gobiernos central y municipal transferir recursos públicos al Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, mientras no se presentasen las cuentas de gastos de las justas.
La decisión del magistrado Federal Guilherme Couto de Castro atiende a una petición del Gobierno y del Municipio de Río de Janeiro, pero la acción presentada por el Ministerio Público, que originó el veto proferido por la Justicia regional el pasado 12 de agosto, seguirá en curso.
Couto de Castro ha justificado su decisión en que el veto comprometía la realización de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, previstos para septiembre, y causaría una "grave lesión" al orden público.
El juez exigía transparencia en los recursos públicos utilizados
La transmisión de recursos había sido prohibida la semana pasada por un juez de primera instancia que exigió transparencia en los recursos públicos usados en la organización de los Juegos Olímpicos inaugurados el 5 de agosto pasado.
Los organizadores, sin embargo, alegaron que necesitan la ayuda financiera del Gobierno para costear algunos de sus gastos y que, a falta de pocos días para la clausura de los Juegos Olímpicos, la prohibición pone en riesgo la organización de los Juegos Paralímpicos el próximo mes.
Con ese argumento y ante una apelación presentada por el propio Gobierno brasileño, el magistrado federal Guilherme Couto de Castro, miembro del Tribunal Regional Federal (TRF) de Río de Janeiro, suspendió este miércoles la cautelar que prohibía las transferencias.
El veto impediría la celebración de los Juegos Paralímpicos
El magistrado ha alegado que su autorización para que el Gobierno continúe entregándole recursos públicos al Comité Organizador "no perjudica la actual investigación sobre los gastos, que continúa a cargo de la Fiscalía".
Según un comunicado del Tribunal, el magistrado tuvo en cuenta que el veto a los repases "provocaría grave lesión al orden público debido a que no podrían celebrarse los Juegos Paralímpicos en septiembre, ya que no habría recursos suficientes para pagar los pasajes, la alimentación y los uniformes de los paratletas".
Según el juez, la falta de recursos, "haría inviable incluso la participación de algunos países en los Juegos Paralímpicos".
La medida cautelar que impedía las transferencias condicionaba cualquier repase a "una amplia publicidad de todos los ingresos y gastos" del Comité Organizador y a que su balance financiero sea enviado al Ministerio Público Federal y al Tribunal de Cuentas del Estado.
La pasada semana el ministro de la Presidencia de Brasil, Eliseu Padilha, anunció que el Gobierno le transferiría al Comité Organizador 270 millones de reales (unos 84,7 millones de dólares) para costera algunos gastos de los Olímpicos y de los Paralímpicos.
El Comité Organizador de Río 2016 admitió que necesitaba de la ayuda del Gobierno para adoptar medidas que "no serían posibles con su propio dinero", principalmente los gastos con los pasajes de los paratletas.
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