La Fiscalía denuncia a Cristiano Ronaldo por defraudar 14,7 millones de euros

• Le acusa de cuatro delitos contra la Hacienda Pública entre 2011 y 2014
• Señala que creó una estructura societaria para defraudar de forma "consciente"
• Esto supone un incumplimiento "voluntario" de sus obligaciones fiscales
• Cristiano podría ser multado con un mínimo de 28 millones de euros

La Fiscalía acusa a Cristiano Ronaldo de defraudar 14,7 millones de euros

La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo al que acusa de crear una estructura societaria para defraudar 14,7 millones de euros de forma "consciente" y "voluntaria".

En su escrito enviado al Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el Ministerio Público le acusa de cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros. Las cuotas defraudadas son de 1,39 millones en 2011, 1.66 en 2012, 3.20 en 2013 y de 8.50 en 2014.

La Fiscalía subraya que Ronaldo se ha aprovechado de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento "voluntario" y "consciente" de sus obligaciones fiscales en España.

Se da el caso de que el Ministerio Público cita en su denuncia la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirma la condena a 21 meses de cárcel por delito fiscal que la Audiencia de Barcelona impuso al futbolista del F. C. Barcelona Lionel Messi, por haber defraudado 4,1 millones de euros obtenidos de la explotación de sus derechos de imagen.

Conforme a esta jurisprudencia, la Fiscalía presenta esta denuncia a fin de que sean los Tribunales los que diriman la relevancia penal de la conducta de Cristiano Ronaldo.

Un entramado societario gestionaba sus derechos de imágenes

La denuncia, que se basa en el informe remitido a la Fiscalía por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), recuerda que en 2008 Ronaldo confirió a su agente un poder para firmar un contrato de trabajo con el Real Madrid entre las temporadas 2009/2010 y 2014/2015 y que fue rubricado en 2009, de manera que es residente fiscal en nuestro país desde el 1 de enero de 2010.

De hecho, Ronaldo optó "expresamente", en fecha 11 de noviembre de 2011, por el régimen fiscal español aplicable a los trabajadores desplazados al territorio español, por lo que tendría que haber grabado en 2011 sus rentas obtenidas en suelo español al tipo del 24% y al tipo del 24,75% en los tres ejercicios posteriores.

Sin embargo, el Ministerio Público apunta a que una vez el Real Madrid le confirmó en 2008 sus condiciones de contrato "y con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito cuando llegara a España", simuló ceder sus derechos de imagen a una sociedad llamada Tollin Associates LTD, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas y de la que era socio único.

Dicha sociedad cedió la explotación de los derechos de imagen del futbolista a otra sociedad ubicada en Irlanda con el nombre de Multisports & and Image Management LTD que, "efectivamente", se dedicó a la gestión y explotación de los derechos de imagen del futbolista sin que la sociedad ubicada en las Islas Vírgenes Británicas desarrollara actividad alguna.

Ronaldo no incluyó "voluntariamente" unos ingresos de 28,4 millones

La Fiscalía ve "completamente innecesaria" la previa cesión de la explotación de los derechos a la sociedad de las Islas Vírgenes que, en su opinión, demuestra que "solamente tenía como finalidad la interposición de una pantalla para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la totalidad de os ingresos obtenidos por el denunciado por la explotación de su imagen".

Además, el Ministerio Público asegura que Ronaldo presentó en su declaración del IRPF de 2014 una rentas de fuente española entre 2011 y 2014 de 11,5 millones de euros, cuando las rentas verdaderamente obtenidas fueron de casi 43 millones de euros.

En esta declaración, añade, calificó los rendimientos obtenidos como rendimientos de capital mobiliario y no como rendimientos derivados de actividades económicas lo que le permitió disminuir "considerablemente" la base imponible a declarar.

Por último la Fiscalía señala que Ronaldo no incluyó "voluntariamente" unos ingresos que Hacienda cifra en 28,4 millones de euros por derechos de imagen a otra sociedad a la que ya había cedido estos derechos entre 2015 y 2020 llamada Adifore Finance LTD que sólo operaba para territorio español.

Una multa de un mínimo de 28 millones de euros

Cristiano Ronaldo podría ser multado con un mínimo de 28 millones de euros por presuntos delitos contra la Hacienda Pública en el Impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR) de 2011 y presuntos delitos fiscales agravados de 2012 a 2014.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advirtieron en un comunicado de que el jugador portugués "podría entrar en prisión por los cuatro delitos fiscales" y resaltaron que "la Fiscalía presentó la denuncia antes del 30 de junio" para evitar que prescriba penalmente el presunto delito cometido en el IRNR de 2011.

Eso no ocurrirá siempre que el juzgado admita a trámite la denuncia antes de seis meses y Gestha informó de que Cristiano Ronaldo "podría haber cometido un delito fiscal en 2011 (artículo 305 del código penal), que se penaliza con un mínimo de un año de prisión".

Además, resaltó que los otros tres delitos fiscales agravados en 2012, 2013 y 2014 (artículo 305 bis del código penal), que superan las cuotas presuntamente defraudadas de 600.000 euros, se castigan con penas de prisión "de dos a seis años por cada uno de ellos".

Eso implicaría la petición de la Abogacía del Estado de una pena mínima total de siete años por los cuatro presuntos delitos fiscales.

Gestha matizó que el juez "podría aplicar la atenuante muy cualificada de regularización extemporánea introducida en el Código Penal en 2013 y reducir la pena a la mitad o a la cuarta parte de cada delito fiscal si el jugador reconoce los hechos y paga las cuotas defraudadas, los intereses y las multas en el plazo máximo de dos meses desde la citación judicial como investigado".